Un asunto sensible

Un asunto sensible

Para nadie es un secreto que los dirigentes de Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza proclaman que su objetivo es llegar a la República previa liquidación de lo que denominan "el régimen del 78". Fueron a las elecciones con ese y otros propósitos y consiguieron cinco millones de votos que se tradujeron en 71 actas de diputado. La tercera fuerza política del país. Subrayo lo obvio porque a veces en el fragor de la polémica se olvida que en nuestro país es legal todo lo que no está prohibido y, en consecuencia, defender la República como modelo de Estado es legítimo. Obvio resulta, también, añadir que en el Parlamento hay otras fuerzas que se declaran republicanas y que han visto en el escándalo de las grabaciones filtradas de Corinna Larsen, comisionista y "amiga entrañable" del rey Juan Carlos I, munición con la que transformar la investigación de los hechos en un proceso de descrédito de la institución monárquica.

Y en línea con sus intereses han solicitado la creación de una comisión parlamentaria que investigue qué hay de cierto en las declaraciones en las que acusa al hoy rey emérito de tener cuentas en Suiza y de haber cobrado comisiones por sus gestiones ante el gobierno de Arabia Saudí para mediar por las empresas constructoras del AVE a La Meca. En esas mismas declaraciones grabadas por el ex comisario José Villarejo (en prisión, acusado de graves delitos), la señora Larsen también dice que Juan Carlos I se habría acogido a la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro.

Todas estas acusaciones (sin pruebas) conforman un episodio en sí mismo infamante que debe ser investigado por la justicia. De hecho ya lo está haciendo. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Gea, en el sumario que instruye contra el ex comisario Villarejo tiene abierta una pieza separada en la que investiga este asunto. En su condición de rey emérito, Juan Carlos de Borbón ya no goza de la protección de inviolabilidad que le otorgaba la Constitución hasta el 19 de junio de 2014,fecha de su abdicación. En el supuesto de que el juez detecte irregularidades punibles, dada la condición de aforado, tendría que ser el Tribunal Supremo quien se hiciera cargo del caso.

No estamos ahí. En este caso, como en todos, hay que dejar que la Justicia haga su trabajo sin presiones ni interferencias. Más si cabe en este asunto por las implicaciones políticas de imprevisibles consecuencias para la estabilidad del sistema. Cuando investigan los jueces, las comisiones parlamentarias deberían esperar. ¿Por qué? Pues porque el objetivo que persiguen está más en el eco y el rédito político que en la búsqueda de la verdad. Por eso entiendo que el PSOE, conocedor de los potenciales efectos desestabilizadores derivados de la instrumentalización política del caso, se oponga a la creación de la comisión. Pedro Sánchez sabe, como sabemos todos, que estamos ante un asunto muy sensible.