Opinión

Cuentas pendientes

La política en España vuelve a estar centrada en la crónica de tribunales por los casos de corrupción que se investigan, pero lejos de encontrarse en los momentos finales que permitan ponerlos punto final se encuentran aún en los prolegómenos pese a que algunos de ellos lleven ya varios años en los juzgados, y otros que acaban de nacer se encuentren en fase tan incipiente y son tan complejos y con tantos actores que para su resolución definitiva quedan muchos, muchos años.

Las vacaciones judiciales -¿recuerdan que el ministro de Justicia quiso en algún momento que los juzgados permanecerán abiertos en agosto? - demorarán hasta el próximo mes la decisión del Tribunal Supremo sobre la parte del sumario de los ERE fraudulentos de Andalucía que le ha remitido la juez Alaya, que implica a los políticos que conservan fuero por ser diputados o senadores en la Cortes Generales, y que debe tomar decisiones de mayor calado, como si reclama todo el caso, o lo devuelve a Sevilla por no encontrar indicios de delito en los imputados a los que le tocaría juzgar. En cualquier caso la sentencia firme sobre este asunto se demorará varios años, por el periodo que va desde que el Supremo, si llega el caso, abra el juicio oral hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de los condenados, si los hay. Otro tanto pasa con el caso Gürtel con todas sus derivadas y ya en los pasos finales de la instrucción, pero que no acaba de cerrarse para que pueda abrirse el juicio oral.

La complejidad de los casos de corrupción económico-política, las dificultades para su investigación, la falta de medios, los obstáculos políticos que tienen que salvar los jueces –aunque a veces cometen clamoroso fallos de procedimiento impropios de sus conocimientos- y las zancadillas políticas que se encuentran en su investigación en forma de obstrucciones –órdenes a las Fuerzas de Seguridad, Hacienda y otras instituciones del Estado-, provocan que los casos se eternicen y que haya que ser un experto en materia jurídica para seguir su desarrollo, mientras que en la ciudadanía se instala una mezcla de desasosiego e indignación que contribuye a aumentar la desafección hacia todo el sistema jurídico-político.

Si los procesos mencionados son ya viejos conocidos de la opinión pública, otros dos nuevos han venido a desplazarlos de las primeras páginas: el fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía y el caso Pujol e hijos, que por encontrarse en las primeras fases de investigación tienen que pasar simultáneamente por el intento de investigación política o al menos el debate en los parlamentos de las comunidades donde se han producido. El caso del presunto fraude andaluz afecta de lleno a la credibilidad de Susana Díaz y a su compromiso de “tolerancia cero” con estas actitudes.

Entretanto el expresidente Jordi Pujol deshoja la margarita para decidir si comparece voluntariamente en el Parlament, o se arriesga a ser citado en el marco de una comisión de investigación que podría convertirse en una causa general contra “el 3%”. En el Congreso, el PP debe decidir si permite que este caso se aborde en el Congreso, porque el PSOE quiere saber si los Pujol se acogieron a la fracasada amnistía fiscal. Por lo pronto el padre de la saga familiar ha pasado de pedir perdón por su fraude fiscal a poner en marcha todos los mecanismos de defensa legal para entorpecer la investigación. Lo normal.

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