La gran polémica sobre el juez Llarena

La gran polémica sobre el juez Llarena

Pido, de entrada, perdón por atreverme a opinar sobre una cuestión en la que no soy perito oficial (claro que muy pocos de los que opinan a este respecto lo son), aunque haya tenido que seguir profesionalmente, y además con pasión, cuanto ha afectado al juez Pablo Llarena: en primer lugar, reconozco que me alegro de que el Gobierno haya virado ciento ochenta grados y admita ahora que defenderá no solo la jurisdicción, sino también a la persona de Llarena en la demanda interpuesta contra este magistrado por el fugado Carles Puigdemont; una demanda algo demencial, pura vendetta, admitida, no obstante, por la Justicia belga, que ha llamado a Llarena a declarar la semana próxima, sin que el juez, parece, vaya a comparecer. En segundo lugar, me veo obligado a manifestar mis dudas -y no soy el único- sobre la instrucción que ha mantenido Llarena en el caso del independentismo catalán; nos ha generado, a todos, muchos más problemas que soluciones.

Hoy, aquellos a los que llamamos políticos catalanes presos, mientras ellos y los suyos se califican de "presos políticos", constituyen el principal problema en un diálogo entre el secesionismo más irredento y el Gobierno central, "este" Gobierno central, ahora sí dispuesto a negociar. Este escollo, evidenciado en los lazos amarillos que sin duda van a llenar la Diagonal el próximo día 11, la Diada, puede llegar a provocar incluso enfrentamientos en las calles, entre las "dos Cataluñas", de lo que ya hemos tenido recientemente algún indicio.

No puedo dar nombres, y bien que lo siento, pero le ruego que me crea: hace menos de una semana, un ex ministro, que con Rajoy ocupó un cargo destacado y que incluso sonaba para más altos desempeños, me habló de la "desesperación" que aquel ejecutivo del PP sentía ante la implacable instrucción llevada a cabo por Llarena, que incluso llevó a que se desestimase una petición del entonces fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, antecesor de la actual, María José Segarra, para que se excarcelase al que fue conseller de Interior, Joaquim Forn, por "motivos humanitarios".

Nada. El juez instructor y quienes de él dependían se mantuvieron implacables. Para desolación, por cierto, del Gobierno de Mariano Rajoy, que veía cómo el problema que el propio Rajoy creó, al "judicializar" un problema político como el del secesionismo catalán, se enconaba. Algún día, quizá, el hoy registrador de la propiedad y quien fue su último ministro de Justicia, Rafael Catalá, romperán su silencio y nos contarán (o no, como diría el propio Rajoy) qué ocurrió con la prolongación de una prisión preventiva que, a juicio de no pocos altos cargos del PP, y ahora, desde luego, a juicio de los ministros del PSOE y de su presidente, se está prolongando ya demasiado. De manera, estimo, crecientemente peligrosa.

En octubre, "los jordis" cumplirán un año en prisión. Si, para entonces, no ha habido cambios significativos, temo que la sociedad catalana se verá agitada por manifestaciones de protesta, avivadas por la CUP y los CDR, que pueden derivar en vaya usted a saber qué, sobre todo cuando el president de la Generalitat, Quim Torra, parece encantado con la oportunidad de movilizar a los suyos "conmemorando", a su parcial modo, todo lo que ocurrió a lo largo del lamentable mes de octubre del pasado año.

La llamada del juez belga al magistrado Llarena viene a echar leña al fuego del incendio que ha pretendido, y logrado, encender Puigdemont en los foros europeos, primero en Bélgica, luego en Escocia, a continuación en Alemania y ahora, de nuevo, en Bélgica, donde el fugado ha regresado a sus cuarteles de invierno en Waterloo. Qué duda cabe de que España tiene que replantearse su imagen judicial en la Unión Europea, y concretamente ante el Tribunal de Estrasburgo, de donde hemos recibido algunos varapalos y todo indica que los seguiremos recibiendo. No cabe hablar de la sacrosanta independencia de los jueces: ya eso no basta. Llarena, que ha llevado tal independencia a sus límites, sin duda valientemente, puede, paradójicamente, incurrir en las contradicciones del sistema: "summa lex, suma iniuria", decían los romanos, aludiendo a que un excesivo rigor legalista puede destruir las posibilidades garantistas.

Que no digo yo, oiga, que quien pretende dar un golpe de Estado salga indemne de su osadía. Pero usted y yo sabemos que el delito de Puigdemont, Junqueras -el único interlocutor que le quedaría al Gobierno central para llegar a una "conllevanza" más o menos sensata--, Romeva, Rull, Turull, Forcadell "et alia" tiene aún mucho recorrido ante los tribunales que, quizá este otoño, comiencen el juicio del siglo. Creo que merecen un castigo... cuando la sentencia sea firme. Pero, ya digo que pidiendo perdón, me atrevo a pensar que a estas alturas no se justifica plenamente el mantenimiento de una prisión preventiva de gentes que, nos guste o no -que, en mi caso, a mí no, pero...--, representan el sentir de un porcentaje significativo de catalanes.

Hasta ahora, el palo, sin zanahoria, de poco ha servido, si no es para empeorar el clima moral entre Cataluña y el resto de España. Los gobiernos centrales se han visto atenazados por la presión de ese resto de España, que pide dureza. Puigdemont, que pudo haber solucionado la catástrofe convocando elecciones aquel tremendo 27 de octubre, cuando estuvo dispuesto a hacerlo, también se echó atrás en el último minuto ante la agitación montada por la CUP y por exaltados en los alrededores de la plaza de Sant Jaume. Ya es hora de perder el miedo a los fanáticos, a los extremista, a los "halcones" de uno y otro lado que quieren tomar la calle y los medios, y de hablar claramente, diciendo en voz alta algunas de las cosas que yo he oído en privado sobre esto de los "presos catalanes".

De momento, ya hemos podido atisbar qué es lo que el Gobierno de Pedro Sánchez, y sobre todo su ministra de Justicia, Dolores Delgado, piensan sobre Llarena. Aunque ahora hayan tenido, y conste que me alegro, porque no puede, a estas alturas, producirse un enfrentamiento entre Ejecutivo y Judicial, que dar marcha atrás y apoyar al polémico juez. Que no quiere ser "estrella" pero que puede acabar, bien que siento decirlo, estrellándonos a todos. Y, ay, todo escrupulosamente, con la ley en la mano.