La aparición del cadáver del niño Gabriel Cruz cuatro días antes de que se celebrara el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable ha añadido dramatismo a un debate político que desde el primer momento ha estado marcado por dos formas de entender la función y eficacia de las penas de prisión, una apegada al mandato constitucional de la reinserción y resocialización de los presos, y otra que considera prácticamente irrecuperables y de imposible reinserción a los autores de delitos execrables. A la situación actual se ha llegado después de modificaciones previas del Código Penal que han supuesto un endurecimiento de las penas de prisión hasta llegar a los 40 años de cumplimiento efectivo de la condena para delitos de extrema gravedad relacionados con el terrorismo y la vida de las personas.
De la misma forma que los partidos políticos en función de su ideología se han posicionado en favor y en contra de la cadena perpetua, también los padres de los niños y jóvenes desaparecidos o asesinados mantienen actitudes distintas al respecto. A todos les une el mismo dolor por la pérdida. A unos les consuela que los asesinos no puedan salir jamás de prisión. Otros, como es el caso más reciente, piden que se abandone la ira y la rabia contra la autora confesa de la muerte de su hijo. Cada uno de ellos puede expresar su deseo y tratar de concitar el mayor apoyo posible para su causa. Pero ese no es el debate judicial, que ha de determinarse en otras instancias, y políticamente se ha prestado a un enfrentamiento poco edificante en el momento actual.
Con un poco de sensibilidad el debate podría haberse aplazado a un momento más sosegado, aunque se trata de un asunto que divide a la sociedad cada vez que se pone sobre la mesa. Salvo Ciudadanos, que ha variado su opinión respecto a la cadena perpetua revisable en un plazo de cinco meses, el resto de los partidos han mantenido su oposición a una ley que sacó adelante el PP en solitario con su mayoría absoluta y que fue recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, y al hacerlo conocen el coste electoral que puede tener el mantenimiento de una propuesta que causa división entre sus propias bases y su electorado pero que responde a una forma de entender la justicia y su aplicación práctica. Si hubiera hecho el cálculo electoral quizá el PSOE habría salido indemne de este debate. Pero mantener la coherencia es también un valor en política cuya función, además de resolver los problemas de los ciudadanos, es el de hacer pedagogía y sostener las convicciones.
En el acuerdo entre PP y Ciudadanos para pedir al PSOE su abstención en este trámite parlamentario ha sido a Ciudadanos a quien le ha tocado incidir en esa materia: el PP tampoco esperó a la sentencia del TC –todavía pendiente- sobre la ley del aborto para modificar la ley. En fin, es preciso tener mucha altura política para sustraerse a hacer populismo punitivo con el dolor de las familias de las víctimas. Tampoco está demostrado que un endurecimiento de las penas sea un antídoto contra algunos tipos de delitos que afortunadamente no son muy numerosos, aunque causen una alarma social comprensible.
