A estas alturas del conflicto catalán y descartado que se produzca una vuelta atrás de los independentistas, y menos aún por parte de quienes deben hacer respetar la legalidad, se disparan as declaraciones y las actuaciones que arrojan más leña al fuego sin que se pueda rebajar la escalada de la tensión con expresiones eficaces que no responden a la realidad pero que resultan muy efectistas para simplificar un panorama muy complejo.
Promover un referéndum ilegal, esperar que el Gobierno no haga nada y cuando lo hace en defensa del marco constitucional acusarlo de ‘represor’ o, franquista’ es facilón y es una mistificación por cuanto está amparado por decisiones judiciales. Cuestión distinta es la actuación del fiscal general del Estado, dependiente del Ejecutivo y cuyas declaraciones pueden resultar altisonantes o provocadoras y podrían ser más comedidas. Pero no es menos cierto que los delitos que están a punto de cometer los promotores del referéndum llevan aparejadas penas que pueden ser de prisión, y nadie está por encima de la ley.
Desde la parte independentista se juega también a la ambigüedad sobre el partido que tomará la policía autonómica enfrentada al momento de la verdad. Utilizarla como una policía de parte conlleva muchos riesgos. Sobre todo porque de quienes quieren participar en un acto ilegal dependerá que la jornada del 1-O transcurra pacíficamente, y los jefes políticos de los Mossos todavía no les han dado la última orden, o las que quisieran darles se contradicen con las que reciben del fiscal jefe catalán. Son de agradecer, a mayores, que desde ambas partes se realicen llamamientos para evitar caer en provocaciones y que nadie se extralimite, aunque hay para quienes el ingrediente de la violencia es determinante para que se visualice la victoria de unos y otros. O al menos convertirla en nuevo victimismo.
El último escenario posible y el peor de todos es el de una declaración unilateral de independencia en los primeros días de octubre, que consumaría el desafío y dilataría las posibles soluciones dialogadas ante la necesidad de dar respuesta a la secesión. Podemos, por ahora, no apoya ese escenario. Dada la volubilidad de sus posiciones y cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos meses a favor del referéndum ilegal se puede esperar cualquier reacción de la dirección nacional o de las confluencias, con el riesgo de que la ‘movilización ciudadana’ que defienden la eleven a la categoría de referéndum de autodeterminación.
Hay foros en los que está mal visto el ejercicio de la equidistancia. Algo se habrá hecho mal por parte del Gobierno y de los independentistas para haber llegado hasta aquí y solo el diálogo es el instrumento para resolver el expediente catalán y el problema territorial. Que Rajoy ha dejado pudrir la situación y que la derecha nacional tiene tendencia a sacar rédito de los enfrentamientos con Cataluña es una constante a lo largo de los últimos años. Se equivoca también y contribuye a la ruptura de la convivencia en el seno de su propia comunidad quienes plantean un punto de partida basado en el precepto de “referéndum o referéndum”. Las elecciones autonómicas catalanas serían un buen altímetro para medir hasta dónde llegó la inundación independentista.
