Tantas cuantas veces se diga que la mujer del César además de honrada ha de parecerlo son pocas cuando se abordan asuntos políticos y judiciales y más aún cuando ambos aspectos se entremezclan. Las últimas decisiones judiciales respecto a cambio de tribunales, o a la entrega de documentos que obran en manos de los jueces, relacionados con las supuestas irregularidades en la financiación del PP, adoptadas todas a favor de este partido, vuelven a poner de manifiesto la politización de la Justicia en concomitancia con la política de nombramientos políticos de cargos judiciales.
Esas decisiones, que pueden ser recurridas por las partes, o denunciadas políticamente, no hacen sino aumentar las sospechas sobre la voluntad del partido que sustenta al Gobierno y de sus dirigentes de poner todas las trabas posibles a la investigación de unos hechos imbricados con supuestos de corrupción política -que han comenzado a dilucidarse en los tribunales- pero por los que ningún dirigente del PP ha asumido las consecuencias políticas. Si el PP no tiene nada que ocultar en cuanto a su financiación, nada mejor que facilitara su investigación y que sus peones no realizaran maniobras en el terreno judicial que sirvan para generar dudas acerca de la configuración de tribunales, o que estos adopten resoluciones que suponen un enfrentamiento entre los poderes legislativo y judicial.
La decisión de la Audiencia Nacional de cambiar la composición del tribunal que juzgará la "caja B" del PP, que se hayan cambiado las normas de reparto con carácter retroactivo, que la impulsora de esa modificación sea Concepción Espejel –recusada en el caso por cercanía al PP-, que no haya una motivación suficiente para el cambio y que uno de los nuevos magistrado que integraran el tribunal, Juan Pablo González, pueda ser recusado por los mismo motivos que lo fue Espejel –fue vocal del CGPJ a propuesta del PP- constituyen un conjunto de hechos, vale que cuando menos sirven para poner en duda la imagen de imparcialidad del tribunal. Y la mujer del César ha de dar esa imagen.
Tampoco ayuda a fortalecer esa idea de imparcialidad y de colaboración entre poderes la determinación de la Sección Segunda de lo Penal de no facilitar a la Comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP, los documentos requeridos sobre supuestos donativos anónimos y pagos en negro en el PP realizados por la UDEF que obran en el sumario, bajo el criterio de que podría verse comprometida la presunción de inocencia de la personas que están siendo juzgadas en esa causa de la caja B.
Desde el punto de vista judicial no hay que echar en saco roto el voto particular del magistrado progresista Ricardo de Prada, que señala la evidencia de que las comisiones de investigación no determinan responsabilidades penales sino políticas, de tal forma que se está poniendo en cuestión la eficacia y la necesidad de estas comisiones parlamentarias que en la inmensas mayoría de los casos se desarrollan en paralelo a procesos judiciales, y además, en este caso, no se investiga a ninguna persona sino a un partido. Y políticamente tampoco parece normal que no se produzca una cooperación entre poderes que si ha tenido lugar en otras ocasiones similares.
