Por mucho que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de representantes independentistas afirmen, de forma exagerada, que en Cataluña vive un estado de excepción de facto, no es menos cierto que se vive una situación de excepcionalidad provocada por un desafío sobre el que no se puede mantener una posición equidistante acerca de los responsables de que se haya llegado a esa situación. Quienes son los máximos responsables son aquellos que se han dedicado a subvertir el significado de las palabras, quienes han reducido el significado democracia a votar, quienes han adaptado las normas por las que se rige su autogobierno a sus intereses, los han retorcido la legalidad y aquellos que han mentido sobre el derecho internacional aplicable a una situación imposible.
Tras las operaciones policiales y judiciales del pasado miércoles que desarticularon las estructuras logísticas necesarias para la celebración del referéndum, o al menos para que tuviera algún viso de validez, toda vez que estaba organizado sin las mínimas garantías y con la abstención activa de buena parte de la ciudadanía catalana que no iba a participar en el simulacro, y a pesar de las manifestaciones y movilizaciones que van a tener lugar hasta el 1-O, llega el momento de preparar el terreno para empezar a resolver el expediente catalán por otros medios distintos al de los desafíos y las posiciones irreconciliables.
Habrá que desandar mucho camino, recoger muchas velas, reparar agravios y sobre todo que el debate, el diálogo y las posiciones de unos y otros se enmarquen en los procedimientos políticos habituales y en las instituciones creadas para ello, propias de una democracia consolidada. El desafío independentista va a dejar vencedores y vencidos, porque un desafío al Estado, a sus leyes y a sus instituciones no puede saldarse con un empate técnico. Pero democracia es también generosidad, ponerse en el lugar del otro, que la victoria política no anule al adversario.
Como en otros procesos políticos en los que quienes desafían al Estado tiene un respaldo social importante, pero no mayoritario, o no en la medida que sus promotores creen y piensan, corresponde a ellos la parte más difícil, convencer a los suyos de que fuera de la legalidad -la real, no la ficticia, ni la preparada ad hoc- no hay posibilidad ni de atender a sus reivindicaciones, ni de establecer un mínimo diálogo que se ha de asentar en el respeto a la legalidad, para que la acción política contribuya a resolver los problemas. Pero son quienes desafían, aquellos que se han puesto al margen de la legalidad democrática, quienes deben dar el primer paso atrás. Así podrían interpretarse las últimas palabras de Oriol Junqueras.
Concluido que el problema territorial es el más grave al que debe hacer frente la sociedad española, corresponde también al Gobierno y a su partido ofrecer soluciones políticas de acuerdo con el resto de los partidos, en especial con el PSOE que ha estado a su lado en la defensa de la legalidad constitucional, que lo aborden en todos sus aspectos. En los días que faltan hasta el 1-O, lo verdaderamente importante es que no se produzcan enfrentamientos de gravedad y que los independentistas reconozcan que la única forma de defender sus postulados es comenzar a desandar un camino sin salida.
