Las reacciones suscitadas en el propio Ejecutivo catalán; las declaraciones del líder de la CUP, Carles Riera, en la que pide que se prohíban las manifestaciones en defensa de la Constitución, sobre todo si están convocadas por Vox; la decisión del conseller de Interior, Miquel Bruch, de investigar a los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra que participaron en la protección de las marchas de Girona y Tarrassa, y la orden del presidente de la Generalitat a Quim Torra para que sustituya la cúpula de la policía autonómica constituyen una serie de despropósitos que revelan de forma cada vez más evidente la vulneración de derechos de todos los catalanes y la deriva para que cualquier organismo autonómico quede subordinado a los intereses de los independentistas.
La acción de los antidisturbios de la policía autonómica en la que resultaron más policías heridos que atacantes han hecho decir a Miquel Buch que las cargas policiales no se corresponden con el modelo de policía que quiere el Govern o “con la actuación de una policía democrática”. Si se ponen en relación estas palabras con las del líder de la CUP, para que los mossos no protejan a quienes quieren manifestarse en contra de la independencia, el resultado no puedes ser otro más que la proliferación de los enfrentamientos entre quienes quieren hacer uso de la libertad de manifestación y sus contrarios,
Serán medidas que de implantarse se volverán en contra de los intereses de los propios independentistas, puesto que los CDR, a los que Torra recomendó “apretar” serán quienes rompan con uno de los aspectos de la “revolución de las sonrisas” que más han cuidado los organizadores del “procés”: la no violencia, que como máxima expresión tiene la huelga de hambre que mantienen los cuatro dirigentes presos en la cárcel de Lladoners desde hace una semana.
Con su insólita actuación de criticar y lejos de proteger la actuación del cuerpo de seguridad que manda, pone a la policía autonómica en el centro de la diana de los “indepes” de tal forma que confirma la impresión de que los dirigentes catalanes quieren una policía de partido, de la misma forma que querían unos jueces designados por el poder político, al margen de su necesaria actuación profesional en defensa de los derechos y libertades de todos. Incluso de los discrepantes.
La orden de purgar la policía autonómica le ha llegado al conseller Buch desde Eslovenia, donde se encuentra el presidente de la Generalitat haciendo proselitismo independentista. Lo hace en terreno abonado hasta el punto que después de pasar por Escocia, Kosovo, Groenlandia o Nueva Caledonia -perdón, por ahí no, que rechazaron la independencia de Francia en un referéndum de autodeterminación en la colonia- ha vuelto su vista a Eslovenia, la primera de las ex repúblicas yugoslavas en independizarse después de “la guerra de los diez días”, con 44 muertos del Ejército Popular Yugoslavo y 18 de los independentistas. Ya se sabe que hay quien dice que “con muertos” la consecución de la independencia de Cataluña estaría más cerca.
Si la policía autonómica no realiza su función con profesionalidad y protege a quien quiera manifestarse a favor de la unidad de España, el enfrentamiento violento estará cada vez más cerca de producirse. Y las consecuencia serán imprevisibles.
