La decisión del presidente de la Generalitat de nombrar “consellers” de su Govern a dos de los antiguos miembros del que encabezaba Carles Puigdemont que se encuentran presos y a otros dos que están fugados de la justicia española, y la reacción del Gobierno con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos de no publicar esos nombramientos en el diario oficial con lo que se impide su toma de posesión, provoca una situación insólita -como casi todo lo que rodea el procés- y acerca de cuya resolución no existe un acuerdo entre los juristas sobre si se atiene a la legalidad o se está forzando.
Es un asunto, por tanto, que lleva paso de ser, como el resto de los que se han dado a lo largo del desafío soberanista, materia para los jueces que tendrán que decidir si el Gobierno está cometiendo una supuesta prevaricación, por cuanto los políticos presos consideran que tienen los derechos civiles intactos a pesar de su encarcelamiento, o si le asiste la razón. Pero para cuando decidieran en sentencia firme es probable que sus nombres ya fueran historia. Por no hablar de la dificultad objetiva que los cuatro tendrían para ejercer su cargo en el caso de que tomaran posesión, dada su situación judicial.
La respuesta de los partidos constitucionalistas no puede ser otra que la ofrecida ante la nueva provocación del presidente de la Generalitat, que con ella invalida cualquier llamamiento al diálogo instando a poner fecha y hora y a hablar de todo sin ningún tipo de límite y cortapisa con la premisa de la igualdad de nivel, de tú a tú, mientras que desde el Gobierno se tendía la mano para un diálogo dentro de la ley, por lo que desde el primer momento se aprecia que se asiste a una escenificación en la que el diálogo solo serán dos monólogos sucesivos sin posibilidad de llegar a un entendimiento.
Ante la provocación, la respuesta es contundente aunque el Gobierno y los partidos constitucionalistas deben tener mucho cuidado para ni tan siquiera pisar la línea de la constitucionalidad de la mano del artículo 155. Que no puede dejar de aplicarse mientras Quim Torra no entienda que la política de gestos simbólicos y provocadores no originarán ningún paso atrás de los constitucionalistas, que a mayor unidad –aunque C's quiera sacar un rédito extra-, introducen mayores dudas entre los independentistas. Hasta el punto de que en ERC ven con estupor que la nueva maniobra impulsada por el tándem Puigdemont-Torra, no solo aleja la posibilidad de recuperar a corto plazo el control de las instituciones catalanas, sino que sus dirigentes encarcelados puedan salir en libertad.
Los “consellers” encarcelados, Rull y Turull, han manifestado su intención de tomar posesión del cargo -¿cómo?- y las palabras de Torra exigiendo su salida de la cárcel tras entrevistarse con ellos en la cárcel de Estremera, son un episodio más que lleva a un callejón sin salida y que no ofrece ninguna pista nueva sobre el deseo de abordar una solución política por parte de los independentistas, que no van a conseguir su propósito por la vía unilateral que siguen transitando. Además se les acaba el crédito internacional. Después de exhibirse la cara supremacista de Torras, en muchas cancillerías será difícil de entender su nuevo desafío si lo que desea de verdad es la recuperación del autogobierno.
