Aunque es una costumbre en desuso en nuestro país, alguien debiera dimitir por todos los sucesos ocurridos el pasado domingo. Dimisiones. Y puesto que las soluciones políticas van para largo y los soberanistas tienen la tentación de declarar unilateralmente la independencia, y se ha descargado en las actuaciones judiciales la mayor parte de las iniciativas para frenar la secesión, que lo sigan haciendo con algo más de contundencia.
Alguien tendría que dimitir por haber dado tantas bazas y tan seguidas a los independentistas, que después de haber ganado la batalla de la comunicación en el exterior, cuentan ahora con otra coartada para que desde organismos internacionales, que siempre han la situación en Cataluña considerado como un problema interno y que se han puesto de parte del Gobierno en la defensa de la legalidad, aboguen ahora por una solución dialogada tras haber visto las cargas policiales para impedir un referéndum ilegal.
El Gobierno se había comprometido a que el referéndum no se celebraría ni como un simulacro como el del 9-N, porque no habría ni colegios abiertos, ni urnas, ni sistema informático para confirmar la validez y el recuento de los votos, y a pesar de las incautaciones y suspensiones previas, los acabó habiendo. Las dudas acerca del comportamiento que tendrían los Mossos d’Esquadra eran evidentes dadas las instrucciones que les giraba su jefe operativo y las declaraciones de sus jefes políticos y lo que el propio secretario de Seguridad, Pedro Antonio Nieto, calificó como un día de picnic, se convirtió en una de las principales bazas argumentales para los separatistas que las tachan de fuerza de ocupación y en torno a las cuales el propio Puigdemont ha montado la campaña del día siguiente mientras deshoja la margarita de la DIU.
Ha habido, en términos operativos, fallos de información para localizar dónde se encontraban las urnas de plástico y para permitir a que llegaran a los colegios electorales, ha habido falta de previsión ante la cantada pasividad de los Mossos d’Esquadra y se produjeron intervenciones policiales afectaron a la posibilidad de votar a un 14% del total del censo electoral, muchos de los cuales no lo habrían hecho en ninguna circunstancia. No se previó que las fuerzas policiales no serían suficientes ante una movilización de esas características y su actuación se ha convertido en una fuente de independentista porque las heridas emocionales causadas van a tardar más en sanar que las físicas causadas a los heridos. Desde el coronel Pérez de los Cobos al ministro del Interior alguien debiera asumir responsabilidades políticas. No ocurrirá porque sería dar otro triunfo a los independentistas.
Pedir dimisiones en el caso de los organizadores del referéndum ilegal, pese a las circunstancias que han rodeado su celebración y las evidentes irregularidades que lo invalidarían de por sí es inútil, dado su alto grado de satisfacción con lo ocurrido y aunque los datos proporcionados carezcan de validez alguna, salvo a los efectos de sus intereses políticos. Un gobierno autonómico que compromete una consulta y es incapaz de llevarla a cabo en términos de una cierta normalidad democrática tendría que reconocer su fracaso si todo no fuera una coartada para la DUI prevista. Los jueces guardaron ayer un inquietante silencio.
