Las bienintencionadas palabras escuchadas al presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, acerca de su disposición a ser el presidente de todos los diputados, a preservar la democracia y la convivencia como pilares básicos de su mandato, se tienen que corresponder con hechos y muy pronto se podrá comprobar si su primer discurso fue meramente protocolario o, en efecto, correspondía a un convencimiento democrático, y por tanto no dejará que ocurra lo que pasó en la primera semana de septiembre pasado cuando la oposición fue laminada y acabó abandonando el pleno en el que se debatían las leyes de desconexión.
A la Mesa del Parlament, de mayoría independentista que se corresponde con la mayoría absoluta que consiguieron en las elecciones del 21-D, le corresponde ahora decidir sobre la cuestión esencial, si van a articular alguna artimaña para que Carles Puigdemont pueda ser investido sin pisar el Parlament, y si para ello se ven obligados a retorcer la interpretación del Reglamento y el dictamen en contra de los letrados de la Cámara. Torrent cometería su primer desliz por cuanto fue él quien anuncio que ERC asumiría las decisiones de éstos. Todo su entramado de buenos propósitos se puede venir abajo de repente en el momento en que los independentistas decidan sobre su candidato a la presidencia de la Generalitat en el caso de que se decidan por desarrollar el plan A, que es la investidura de Puigdemont. La alternativa -descartado el plan B, Oriol Junqueras- es buscar un candidato “limpio”, que no esté sometido a investigación judicial, el plan C.
Al contrario de su predecesora en el cargo, Torrent comienza a ejercer su representación sin una hoja de ruta tan clara como la que tenía Carme Forcadell, perfectamente establecida y con los plazos más o menos prefijados. La recuperación de las instituciones catalanas y ponerlas al servicio de la ciudadanía será la prioridad de su mandato. Está en su mano: si insiste en la vía unilateral su deseo de que la Generalitat deje de estar intervenida no se va a cumplir –advertencia de Rajoy-; si se aviene a cumplir la legalidad constitucional tendría que dar muchas explicaciones y tratar de convencer a los suyos –el empeño más difícil en política- lo que no es esperable dado su pedigrí independentista.
A tenor de su literalidad, el discurso de Roger Torrent ha sido esperanzador, pocas referencias al “pueblo” catalán entendido como un todo monolítico y muchas apelaciones a la “ciudadanía” a la defensa del derecho de expresión de “todos” los diputados –comenzando por los ausentes-, al respeto mutuo desde posiciones enfrentadas y a que el Parlament sea el espacio central del diálogo y el entendimiento, del reflejo de un país plural con “muchas voces”, lo que no ha sido en la pasada legislatura dominada por el “proces” independentista y que acabo en la Declaración Unilateral de Independencia pese a no tener el respaldo de la mayoría social de Cataluña, como ahora tampoco lo tiene.
Pero los hechos mandan sobre las palabras. Los primeros pasos de la andadura de la nueva legislatura, desde el discurso del exsocialista Ernest Maragall a la parafernalia del acto, dejan pocas dudas acerca de lo que se vaticina como una legislatura muy dura. Los independentistas han ganado la primera batalla. Si no la gestionan bien puede ser la última
