En el proceso de acción-reacción en el que ha entrado la política con respecto a la situación de Cataluña les corresponde ahora a los defensores del independentismo mover ficha. Lo harán este domingo con una manifestación que se espera masiva para pedir la excarcelación de quienes consideran “presos políticos” pero que no son otra cosa que políticos acusados de perpetrar delitos gravísimos.
Repuestos de la sorpresa de la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21-D, sorprendidos aún por el encarcelamiento de más de medio gobierno depuesto de la Generalitat y la fuga de su expresidente y otros cuatro consellers, y con los líderes independentistas y sus confluencias sin dejar de asombrar y aturdir con sus posicionamientos –Ada Colau, por un lado, y los dirigentes de Podemos bailando la yenka por otro-, el debate se ha trasladado hacia la idoneidad de su puesta fuera de la circulación por las consecuencias políticas que puede tener en la aplicación del artículo 155, que hasta el momento se ha desarrollado sin grandes inconvenientes conocidos. Situación que puede cambiar ahora con la prisión de quienes han tratado de subvertir el orden constitucional.
Item más las valoraciones se hacen ahora sobre si las decisiones judiciales contribuirán a enturbiar más el ambiente en Cataluña, o si son favorables o lo dejan de ser para los intereses de los partidos constitucionalistas, o si ayudarán a incrementar el saco de los votos independentistas hasta el punto de que puedan ganar no solo en escaños, sino también en votos, lo que daría una nueva dimensión al problema catalán.
Tantas veces se ha repetido que los tiempos de la justicia y los tiempos políticos son distintos que resulta ocioso insistir en ello. Pero la gravedad de los hechos cometidos, envueltos en una palabrería que tergiversa el sentido de la democracia, exigía una respuesta política que se ha revelado como la única posible a la hora de iniciar un camino inexplorado. Tanto como que ha llevado a la cárcel a los promotores de la secesión en el ámbito civil y en el político, y en el que queda por ver cuál es el grado de resistencia cívica y la continuidad en el tiempo de las protestas por los encarcelamientos, y si derivan en enfrentamientos que tensionen todavía más la convivencia en Cataluña. Por el momento las protestas y su influencia a lo largo del día de ayer han sido mínimas en cuanto a presencia y breves en cuanto a sus efectos. Lo esperable es que los independentistas desarrollen una campaña de imagen con mimbres ya conocidos, como el poco respeto democrático del Gobierno con quien evita decir que se ha saltado las leyes y ha realizado un referéndum sin garantías del que arranca su presunto mandato, y la trampa de los presos políticos en la que pueden caer los incautos. Ni aun así la República catalana ha conseguido ni un solo reconocimiento y no ha alterado las posiciones de las principales instituciones internacionales.
En un momento en el que los hechos se producen con una velocidad vertiginosa, la cuestión que se ha plantea es si se debía dejar pasar el desafío de Puigdemont y los suyos como si nada o procesarlos por delitos gravísimos y cuáles serán los efectos de la prisión. Curioso país en el que la restauración de la legalidad puede tener consecuencias imprevisibles.
