La tramitación o aprobación de la ley del referéndum catalán es el punto de no retorno. El momento de la verdad. Desterrada la posibilidad de que la política desempeñe algún papel, de que se produzca, salvo gambito de última hora, ofertas políticas que no parece que lleguen hasta los días después del primer día de octubre, y a la espera de que las iniciativas que procedan de las instituciones catalanas sean respondidas por la justicia, se asiste a las últimas provocaciones, a los galleos, de los dirigentes del soberanismo catalán.
Cuando no desafían al fiscal general del Estado y le recomiendan que se lea las leyes, lo hacen al ministro de Hacienda, una vez que las oficinas recaudadoras catalana han tomado impulso. Y entre las autoridades catalanas y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o con la emisión de anuncios que animan a ejercer el derecho a decidir –para la secesión- se desarrolla un enfrentamiento cada vez menos soterrado con respecto a quién va a ser más astuto a la hora de colocar o de intervenir las urnas para que se pueda o no se pueda votar.
Por el momento, las autoridades soberanista catalanas mantienen su decisión de desobedecer cualquier instrucción que proceda del Tribunal Constitucional, que será el momento en el que el desafío soberanista entrará en el espacio del enfrentamiento con las instituciones nacionales. Cuando llegue la resolución se abrirán todos los escenarios que ambas partes dicen tener previstos, controlados, con las respuestas preparadas.
Lo mismo ocurre con todos los partidos políticos, que tienen las posiciones definidas, salvo en el caso de Podemos y “comunes”, que mantienen una ambigüedad inclinada hacia el referéndum y la secesión, pese a alguna disidencia destacable. Pablo Iglesias sigue apostando por la “legitimidad” de la consulta, sin decir nada acerca de la legalidad del referéndum, pero inclinado a participar en un acto a favor de la soberanía de Cataluña en la Diada.
Hoy se conocerá el tenor literal de la ley del referéndum, y tras la respuestas judicial habrá que esperar la contrarréplica de las autoridades catalanas, previsible en cuanto a la desobediencia, pero que puede comenzar a generar inquietud entre aquellos que se van a ver concernidos en la preparación de una consulta declarada ilegal por inconstitucional. Aunque no se puedan imputar delitos a sus promotores, sí se pueden adoptar otros tipos de medidas judiciales que pueden truncar carreras políticas. Una cuestión a la que no es ajeno quien quiere ser el próximo presidente de la Generalitat, el líder de ERC, Oriol Junqueras, que se ve en la tesitura de elegir entre el martirologio a lo Lluis Companys o la posibilidad de mandar para mejorar las condiciones de los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña.
Impensable hace media docena de años que se viviera una situación tan enconada. Aprovechando una situación de crisis económica y social, los independentistas han dado un acelerón que ha roto un equilibrio que se había mantenido durante toda la transición y la consolidación de la democracia, con los partidos catalanes contribuyendo a la gobernabilidad de la nación. El desafío no es nuevo porque ya se ha vivido otro en circunstancias distintas y trágicas. Y fue una vacuna. Es de esperar que el fracaso del desafío catalán tenga el mismo efecto.
