El plan ‘A’ es el regreso “con garantías” del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para ser investido nuevamente con los votos de su lista y los de ERC y la CUP, puesto que su programa es el desarrollo de la república catalana. El plan ‘B’, en el caso de que Puigdemont no regresara o de que al hacerlo fuera internado en una prisión por haberse sustraído a la acción de la justicia después de la rebelión y la sedición montada desde el 20 de septiembre consiste en que una vez liberado el exvicepresidente Oriol Junqueras, fuera quien presentara su candidatura a gobernar Cataluña. A juicio de sus seguidores es de “puro sentido común”, que este fuera el plan triunfante. Si Junqueras permanece en prisión por decisión del Tribunal Supremo, que no hubiera apreciado los argumentos de su recurso, los independentistas deberán buscar un plan ‘C’ con rapidez que concite el favor de todos los partidos que suman la mayoría absoluta del Parlament.
La CUP ya ha puesto sus condiciones para apoyar a un presidente de la Generalitat independentista: que abandone la “política autonómica” y que lleve a cabo “el programa republicano". El plan ‘B’’ ha quedado en el aire a la espera de la decisión definitiva de los jueces. De las manifestaciones de Oriol Junqueras en su turno de última palabra ante el tribunal no se puede saber si la CUP las considera suficientes para apoyarle toda vez que se ha definido como “un hombre de paz que busca el diálogo”, que él considera que debe ser bilateral ente gobiernos. Pero hace caso omiso de que la condición esencial del diálogo es que tenga lugar dentro de la ley. Y las leyes españolas no prevén la aplicación de las leyes de transitoriedad catalanas que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. Y Oriol Junqueras es un hombre de paz que ha estado al frente de las huestes que han presentado la mayor batalla que se ha dado al orden constitucional
Existen dudas razonables, además, acerca de que Oriol Junqueras desconociera la hoja de ruta encontrada en manos de su ‘número dos’ en la consellería de Hacienda, que han seguido al pie de la letra hasta la declaración de independencia, a lo que hay que añadir que sus presiones fueron determinantes para que Carles Puigdemont se inclinara por la proclamación de la república catalana en lugar de convocar elecciones autonómicas para evitar la intervención de la autonomía.
No obstante, la puesta en libertad con cargos -y la espada de Damocles de su vuelta a prisión si insiste en la vía unilateral- del líder de ERC puede ser un factor que contribuya a la normalización de Cataluña, o al menos a rebajar la tensión, a incrementar las contradicciones en el terreno independentista, o a abundar en la solución política de un conflicto existente que necesita de algo más que de las acciones judiciales para resolverlo y acabar con el victimismo que provoca la aplicación de la legalidad frente a lo que consideran legitimación de las urnas. Sin despreciar la advertencia de que el Estado tiene los suficientes medios de defensa para hacer cumplir la ley.
El futuro de Oriol Junqueras está en manos de los jueces, que dan tiempo para que los independentistas comiencen a pensar en el plan ‘C’. Por si acaso Puigdemont no vuelve y el líder de ERC no sale.
