El día despues de haber proclamado desde el balcón de la Generalitat la nueva república catalana como estaba previsto en la hoja de ruta independentista, su presidente, Carles Puigdemont, no se encontraría de gira por Estados Unidos dando conferencias para explicar el proceso independentista de Cataluña a estudiantes, algunos empresarios y a escasos políticos. En su lugar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encontraba en Barcelona con la vicepresidenta y el ministro de Fomento, con un plan de inversiones en la mano para resolver dos de las principales demandas económicas de Cataluña, la mejora de las cercanías y los fondos necesarios para que se terminen las obras en el tramo catalán del corredor mediterráneo. En el Congreso, entretanto, se estaba a la espera de recibir la notificación del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de quien fuera consejero de Presidencia y actual diputado Francesc Homs, por la preparación del referéndum del 9-N, y en Barcelona la CUP avalaba y defendía la ocupación de la sede del PP por sus militantes. Además Madrid fue la comunidad autónoma que atrajo a más empresas en 2016, y Cataluña la que más perdió de toda España, de las cuales un 22% se trasladaron a Madrid.
Estos son los elementos con los que ahora mismo se desarrolla el proceso catalán, con la necesidad de Cataluña de obtener un reconocimiento y un respaldo internacional a su pretensión secesionista, después de que los nacionalismos hayan sido señalados por la Unión Europea como uno de los graves problemas del proyecto europeo. Es muy probable que el periplo estadounidense de Puigdemont y su ministro de Exteriores, Raúl Romeva, se salde con un nuevo fracaso de su diplomacia, y que sus despectivos comentarios sobre la calidad democrática de España se vuelvan en su contra.
Frente al albur de un hipotético reconocimiento internacional de su independencia, se alzaba el compomiso de una inversión "realista, viable y verificable en todas las etapas" de 4.200 millones de euros hasta 2020, con la que se da respuesta a algunas de las 45 demandas de Puigdemnot que pueden ser atendibles y que actualizarían las infraestructuras catalanas, lo que sin duda contribuye a un mejor encaje de Cataluña en España. No obstante, mientras las inversiones van por un lado, la economía real va por otro, y no deja de ser sorprendente que una de las principales comunidades autónomas en capacidad productiva vea como aumenta el número de empresas que buscan otros lugares para radicarse, en lo que es una clara respuesta al proceso independentista.
Pero mientras el Gobierno compromete fondos en Cataluña, la justicia sigue su camino. Homs ha recibido la notificación de la condena de trece meses de inhabilitación, mientras que sus superiores en el Govern catalan que impulsó el 9-N ya pueden hacerse alguna idea de cual será el futuro de su recurso por los mismos hechos. Hechos legítimos a su juicio pero ilegales por sentencia, del mismo modo que lo son la intimidación del discrepante mediante la utilización de métodos de presión propios de otros tiempos, a cargo de un partido que sabe que puede estar ante su último tren para sus pretensiones y de ahí que presione hata el límite para tratar de conseguir su objetivo de que se celebre un referéndum en lugar de elecciones.
Y entre todos estos elementoso del debate catalán vuelve a echarse de menos el del diálogo constructivo.
