La característica fundamental de la política catalana en estos momentos es la imprevisibilidad respecto a lo que pueden hacer o dejar de hacer los independentistas catalanes, porque su intención es la de forzar la crisis el máximo posible, ganar tiempo antes de dar su brazo a torcer y proponer un candidato que no tenga cuentas pendientes con la justicia o provocan la celebración de nuevas elecciones.
Para hoy estaba convocado un nuevo pleno de investidura con el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez como candidato. Era su segunda oportunidad porque la primera se vio frustrada al no estar presente ni contar con los votos suficientes para ser nombrado presidente de la Generalitat ni en la primera ni en la segunda vuelta.
En esta ocasión ocurre algo similar después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena se haya mostrado contrario a la posibilidad de que asista a la sesión parlamentaria, ante el riego de reiteración delictiva. Ante esta situación el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió en la tarde de ayer volver grupas nuevamente y no celebrar un pleno que no conducía a ninguna parte: sin candidato presente y sin mayoría que lo avalase. Otro fiasco.
Como viene a recordar, el juez Llarena, en el auto en el que deniega a la asistencia de Jordi Sánchez a su investidura, los independentistas no han formalizado un compromiso de abandonar la unilateralidad y existía “la marcada probabilidad de que esta reiteración sobrevenga en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que se postula".
En esta ocasión había, además, una cuestión previa, la posibilidad de que el exconseller huido en Bélgica, Toni Comín, pidiera in extremis la delegación de voto y que la Mesa del Parlament lo consintiera. Ahora la resolución de este asunto queda también aplazada lo mismo que está en estudio la presentación de un recurso por la decisión de concedérsela a Puigdemont, que ya ha hecho uso de ella.
Por el momento, Torrent se ha cuidado de soslayar cualquier decisión que suponga desobedecer al Tribunal Constitucional que prohíbe la investidura de un candidato sin estar presente en la defensa de su programa, arriesgando una investigación judicial que podría poner fin a su presidencia.
Con la decisión de aplazar el pleno, aunque se levanten voces contra lo que consideran una “vulneración de derechos” de Sánchez, los independentistas siguen sin llegar a la casilla final del juego de la oca en el que están metidos, para caer a menudo en la calavera que les lleva de nuevo a la casilla de salida, sin presentar un candidato que pueda ser legalmente elegido y sin reconocer la imposibilidad de alcanzar la independencia con estos dados. Ahí es donde les ha enviado nuevamente el juez Llarena, a que busquen otro candidato. Pueden intentar la solución legal o plantear la desobediencia definitiva cambiando la ley y proponiendo a Puigdemont.
Una vez más no se puede fiar todo a la acción de la justicia y a la controvertida situación de prisión provisional en la que se encuentran algunos de los principales dirigentes del ‘procés’ y se hace imprescindible la mediación política siempre que haya aceptación de la legalidad y lealtad institucional.
