Opinión

Es lo que parece

En relación a la ley del Concierto y el Cupo vasco para el próximo quinquenio que está previsto que se apruebe hoy en el Congreso, y en contraposición a otras ocasiones en las que se pueden hacer distintas lecturas de los hechos, todo lo que se dice acerca de estas peculiares figuras es lo que parece.

En primer lugar el cupo vasco es un "hecho diferencial constitucionalmente reconocido que hay que proteger" (Margarita Robles, portavoz del PSOE) que se encuentra regulado en la Disposición Adicional Primera de la Constitución. Es decir que los gobiernos están obligados a cumplir la ley de leyes, al margen de las consideraciones que en su momento llevaron a la inclusión de estos preceptos y sobre los que periódicamente se abre un debate acerca de su anacronismo, su singularidad y exclusividad en el marco europeo, que aun así fue reconocido como válido por el Tribunal de Justicia Europeo.  

Pero sin duda, la existencia del Concierto y el Cupo es un agravio para el resto de comunidades autónomas del régimen general que resultan perjudicadas en el proceso de financiación autonómica, porque el País Vasco aporta a las arcas del Estado en función de las competencias no transferidas cuya cuantía se determina en acuerdos quinquenales pactados por los dos gobiernos sin que las Cortes puedan modificarlos sino aprobarlos o devolverlos.

 Este sistema es “injusto, insolidario y sobre todo opaco" (Albert Rivera, presidente de Ciudadanos). Una valoración en la que están de acuerdos otros presidentes autonómicos por cuanto el nuevo cupo permitirá que el País Vasco reciba más dinero que el que aporta a las arcas comunes -en esta ocasión por un importe de 1.300 millones de euros-, siendo ya una de las comunidades que tiene mayor financiación per cápita para asuntos sociales. Por su parte los presidentes socialistas reclaman que Rajoy cumpla la palabra dada en la última conferencia de presidentes y el próximo aborde la reforma de la financiación autonómica.  

El Concierto y el Cupo y su carácter insolidario es una de las ideas fuerza que ha manejado Ciudadanos desde el primer momento, y en apoyo de sus tesis apunta que el pacto fiscal que proponía Artur Mas antes del desafío soberanista iba en la dirección de conseguir ese privilegio. La actitud del partido de Rivera ha molestado al PP, que ve una vez más como le arrebatan una bandera. Pero en este caso se habla también  del Gobierno de la nación y del apoyo que necesita Rajoy para sacar adelante los PGE del próximo año y hacer avanzar la legislatura, y de que el PNV también precisa de un voto del PP en el Parlamento de Vitoria para sacar adelante los suyos. Quid pro quo.

Y aún hay otra cuestión evidente para no hacer de la financiación vasca un problema: no es el momento de abrir ese melón que es casus belli para los nacionalistas vascos en un momento en el que la situación de Cataluña está por encauzarse y a expensas de lo que ocurra el próximo 21-D. Hasta el momento el PNV 

–aunque haya tentaciones de seguir la estela catalana- se ha mantenido al margen del desafío independentista y el lehendakari Urkullu estuvo a punto de conseguir que no se aplicara el 155.

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