Suele afirmarse que la justicia española es lenta porque además de muy garantista tiene un exceso de papel, y que nada tienen que ver los procesos judiciales españoles con los de otros países en los que prima la oralidad. Este exceso de papel es el que permite a los jueces valorar las pruebas aportadas por la investigación policial y judicial al margen de las declaraciones de los procesados que tienen derecho a intentar salvarse diciendo su verdad a conveniencia, o retractándose de lo dicho en otros momentos del proceso, o “tirando de la manta” para diluir responsabilidades. Son estrategias de defensa y muestras de ellas ha habido en los últimos días en los casos de corrupción más relevantes que se ven estos días en los tribunales españoles.
El ex secretario general del PP Madrid, y uno de los dirigentes del partido en la época de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, implicó a esta y a la actual presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, en la caja b del PP madrileño utilizada para financiar campañas electorales. No aportó documentación adicional para sustentar sus acusaciones porque consideró que sus palabras venían a aportar luz a la interpretación de los datos ya existentes en el sumario. Pero sus palabras han armado un nuevo revuelo político que obligará a los citados por Granados –cabecilla de la “trama Púnica”- a comparecer en las comisiones de investigación abiertas en la Asamblea Regional y en el Congreso. En este caso la estrategia defensa de Granados se fundamenta en el ejercicio de “poner en marcha el ventilador” para salpicar al mayor número de personas posibles tras sentirse abandonado por el que fuera su partido.
En otro de los grandes juicios por corrupción, la pieza política del “caso ERE”, el principal inculpado, Javier Guerrero, ha adoptado la posición contraria y se ha desdicho de todas sus declaraciones anteriores en las que inculpaba a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y de paso a la actual, todos ellos del PSOE. Una retractación de las acusaciones que de poco sirven ya a quienes están procesados ayudados por ellas, y que además están sustentadas en las investigaciones que se han llevado a cabo. La estrategia de defensa según la cual aquellas fueron realizadas bajo presión mediática y policial tienen una dudosa credibilidad que serán los jueces los encargados de valorar.
Estos ejercicios exculpatorios podrían tener mayor recorrido si sobre ellos no recayera la sombra de la sospecha del acuerdo con aquellos a quienes con anterioridad se señaló como beneficiarios de supuestos delitos y a los que nuevamente ahora se quiere cubrir con la misma manta que en algún momento les dejó con los pies al aire. En esta estrategia de defensa está por el momento el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que se ha puesto a favor de obra para defender al partido que le despidió en diferido tanto en el juicio de la primera época de la trama Gürtel como en la pieza valenciana, en la que admitió lo que le beneficiaba y se desentendía de las consecuencias. Dentro de poco se enfrentará al juicio por “sus papeles” y las declaraciones que realizó cuando se dieron a conocer se confrontarán con todas las que han venido a continuación. Los jueces, de nuevo, valoraran papeles y palabras.
