Todo atentado terrorista deja secuelas y dudas que tardan años en curarse y en despejarse. Las heridas provocadas por los de Las Ramblas y Cambrils están lejos de cerrarse. Nunca lo estarán para los familiares de las dieciséis víctimas mortales y del centenar de heridos físicos, y de los centenares que vieron pasar a su lado una furgoneta que segaba la vida de quienes se encontraban a su lado, ni para los vecinos de la localidad donde los yihadistas hacían su vida presuntamente normal. Las dudas sobre cómo se puede preparar una acción de semejante magnitud, de mayor envergadura si no se hubiera producido la explosión del chalé de la localidad de Alcanar donde la célula yihadista preparaba explosivos, los fallos de previsión, los anuncios desestimados que avisaban del riesgo, la impunidad del imán de Ripoll, cerebro de los atentados, todos esos aspectos están todavía sin aclarar definitivamente y seguirán bajo investigación aunque se haya levantado el secreto del sumario, y serían más fáciles de desentrañar si se hubiera capturado con vida a algunos de los terroristas en lugar de acabar con ellos a tiros.
Una vez más las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado deben trabajar con luces largas, sacar conclusiones y elaborar nuevas líneas de actuación, de investigación, de cooperación internacional que traten de evitar la repetición de atentados semejantes, con la conciencia clara de que el riesgo cero es imposible de garantizar pero con la convicción ya adquirida de que ningún acto terrorista cambiará absolutamente nada de la forma de entender la vida y de vivirla en una sociedad democrática madura. Empeño vano el de los yihadistas de amedrentar a los ‘infieles’. Pero también de difícil solución de acabar con los llamamientos a la yihad cuando hay gobiernos de países que todavía la animan o la financian.
Mañana es un día de homenaje a las víctimas que deben ser el centro de la manifestación convocada al efecto. Pero una vez más no se puede minimizar la repercusión política de ese acto. La presencia del rey Felipe VI es motivo de controversia, en una doble dirección. Primero, por las dudas del PP y Ciudadanos acerca de la protección y respaldo político que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda darle en el caso de que los independentistas conviertan la manifestación en un nuevo acto de protesta como el que realizaron tres días después de los atentados, tan lamentable como contrario a sus intereses al convertirlo en una perfomance independentista que todo el mundo pudo ver y considerar como una falta de respeto a víctimas, Corona, Gobierno, y a más de la mitad de los catalanes. Sánchez estará a su lado de la misma forma que lo estuvo Rajoy.
La segunda es que, a ciencia cierta, no se sabe qué puede ocurrir en Barcelona a pesar de que las principales asociaciones independentistas han decidido no comparecer en la manifestación para hacer un feo al rey al que tratan de ningunear con la política del avestruz y de negar la evidencia de que sigue siendo el jefe del Estado de toda España. El año transcurrido desde los atentados ha sido tan intenso y las posiciones independentistas tan poco dialogantes –aunque desde que hay nuevo Govern tan solo han realizado un movimiento con validez jurídica ya denunciado- que cabe esperarse alguna escaramuza. Pero la convicción es que se volverá de nuevo en su contra.
