Cuando el PP tras las elecciones de junio de 2016 -con la abstención del PSOE y el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos- logró formar gobierno ya contaba con utilizar una serie de instrumentos que le servirían para mantener incólume su labor legislativa de la legislatura precedente, en la que contaba con mayoría absoluta, en la que aprobó leyes sin necesidad –ni ganas- de alcanzar acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. En unos casos porque las propuestas de la oposición suponen un incremento presupuestario y por tanto el Gobierno las puede vetar, y en otros porque se utiliza el mecanismo de la ampliación del periodo de enmiendas, la legislatura actual se encuentra paralizada. A lo que hay que añadir la situación que se ha vivido y que se vive en Cataluña y que actúa como un freno a la búsqueda de consensos, porque unos se quieren recuperar del golpe recibido y otros quieren aprovechar al máximo las consecuencias de su victoria el 21-D, mientras que en la zona izquierda una vez más se andan buscando.
Las expresiones que más se escuchan en el Gobierno y en el PP son las de “retomar la iniciativa política” y “explicar bien los logros conseguidos”. Comenzando por la segunda, resulta difícil “vender los éxitos” cuando la actividad legislativa está parada y porque en los asuntos en los que es necesario el impulso del Gobierno tampoco se ve mucha actividad, aunque en algún momento el Ejecutivo debe salir de su letargo.
La financiación autonómica, que interesa tanto a las comunidades gobernadas por el PP como por el PSOE, se encuentra a la espera de una propuesta del Ejecutivo que no acaba de llegar para empezar a negociar, mientras que con respecto a la ley más importante de la legislatura, los Presupuestos, se trabaja con la idea de que haya que prorrogar los del año pasado y aprobar la modificación de algunas partidas vía decreto. En este caso sí, con el necesario acuerdo, al menos, del principal partido de la oposición que ha mostrado su disposición a aprobarlas siempre que tengan carácter políticamente neutro y reporten beneficios concretos a las regiones y a determinados grupos de ciudadanos. Dado el actual enfrentamiento entre Ciudadanos y el PNV, los socios necesarios para aprobar las cuentas públicas, su aprobación se encuentra en almoneda.
Si por retomar la iniciativa, además, se entiende el desbloqueo del nombramiento de algunos cargos institucionales como el Defensor del Pueblo o el presidente de RTVE, podría decirse que el intento se queda corto porque, con ser importantes, sobre todo el segundo, y en los que el PSOE puede estar de acuerdo, no puede ocultar que los asuntos verdaderamente relevantes son aquellos que suponen un pacto de Estado y que están en los cajones de la mesa, el pacto del agua, el pacto educativo o la financiación autonómica.
El Gobierno con su falta de cintura política para manejarse en una situación tan compleja, y con intereses electorales tan nítidos en un momento de sensación de fin de ciclo, pretende hacer responsable “al multipartidismo” del bloqueo político, cuando se trata de un fenómeno que representa mejor la pluralidad de la sociedad y se trata de un nuevo factor al que es preciso acostumbrarse y manejar.
