La decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de confirmar el auto de conclusión del sumario por el desafío independentista que llevaron a cabo responsables el Gobierno y del Parlamento catalán abre una nueva fase del "procés" que comienza con la apertura del juicio oral a la que seguirán los escritos de conclusiones de las partes y las defensas, y la celebración del juicio probablemente a comienzos del próximo año. Se entra en una fase de no retorno en la que está en juego la fortaleza de las instituciones democráticas frente a las reacciones que puede originar una sentencia de cualquier tipo que no sea la absolución, como demandan los independentistas.
Frente al intento dilatorio de las defensas de los procesados, unos encarcelados y otros fugados de la Justicia, que pretendían la práctica de tres centenares de nuevas pruebas, la Sala de lo Penal ha decidido con buen criterio que se podrán realizar durante la vista oral las que se considere oportunas. Es preciso que la fase judicial del "procés" concluya cuanto antes. Para demostrar que la Justicia española no tiene nada de bananera -como pretenden trasladar los independentistas en el extranjero y a pesar de episodios como el de las hipotecas- y que el Estado de derecho vela por los intereses de todos y sobre todo que es independiente y que su tiempo no se acompasa al de los intereses políticos.
Tras la decisión del Supremo se acerca la hora de la verdad. Dentro de una semana se conocerá el escrito de conclusiones de la Fiscalía del Tribunal Supremo -supervisado por la Fiscalía General del Estado-, que ha venido manteniendo su convencimiento de que los actos cometidos por los líderes independentistas son constitutivos del delito de rebelión -en línea con el juez Pablo Llarena- y que también defenderá la acusación particular de Vox, que es lo que ha permitido mantener a unos encausados en prisión y suspender de cargos públicos a los fugados, con las consecuencias de fraccionamiento del bloque soberanista que se ha visto en el Parlament, además de los delitos de malversación y de desobediencia.
La incógnita es lo que hará la Abogacía del Estado que acusa solo de malversación pero que puede calificar todas las acciones, y así se comprobará si sigue instrucciones del Ministerio de Justicia y si se apunta al criterio mantenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles -citando al que fuera asesor jurídico del PP, Federico Trillo-, que no existe delito de rebelión sino de sedición. El Ejecutivo puede así poner una vela a Dios y otra al diablo, mantener que no influye en la decisión de la fiscalía -aunque podría hacerlo- y al mismo tiempo hacer un gesto que pueda satisfacer en alguna medida a los independentistas cuyos votos necesita para aprobar los Presupuestos de 2019 y que se compadecería con las declaraciones de varios ministros que han manifestado su discrepancia con que se mantenga la prisión para los líderes del procés.
El Tribunal Supremo ha tenido en cuenta que no se produzcan dilaciones en el juicio para defender el derecho de los encausados a una justicia rápida. Este caso es imprescindible que se resuelva judicialmente cuanto antes para qué quienes intenten un nuevo desafío separatista sepan a que atenerse y para dar más oportunidades a la solución política del problema catalán dentro del marco constitucional.
