Dar explicaciones sobre unos hechos gravísimos tres meses y medio después de que hayan tenido lugar es una anomalía democrática de la que la ciudadanía ya está curada de espanto, que el Gobierno no encuentre nunca el momento para hacerlo es una de sus señas de identidad. Por fin, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dado cuenta de los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal de autodeterminación convocado por el Govern catalán y las cargas policiales que han servido de argumento central a los independentistas para defender sus postulados y que no sirvieron para la causa que se pretendía, impedir que hubiera urnas, papeletas y colegios electorales abiertos.
Insistir como hizo el ministro del Interior en su comparecencia en el Senado en quien era el responsable de la convocatoria de la consulta ilegal, en el cumplimiento de las medidas judiciales dictadas para tratar de evitarla, la reiteración en el incumplimiento de la ley por parte de los organizadores o la adopción de medidas de fuerza profesional, proporcionada y legítima es cosa conocida.
Salvo cuestiones numéricas como el coste de la "operación Copernico", o el número de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Zoido se ha servido del hecho de que todas las actuaciones policiales y operativas se encuentran sub iudice para no cargar las tintas sobre la actuación policial, sobre la pasividad de los mossos d’esquadra - cuya movilización fue menor que en la jornada electoral del 21-D-, sobre el incremento desorbitado por la tarde del número de heridos, mil, precisamente cuando la policía había dejado de intervenir en los colegios -sin contraorden, dijo el ministro-, o por los hechos que sucedieron los días posteriores de acoso a los agentes policiales en distintas localidades catalanas. Habrá que esperar por tanto para conocer la verdad judicial de todos estos hechos para dilucidar las responsabilidades.
De lo que no existe ninguna duda es que las cargas policiales y la celebración del referéndum se han convertido en un arma propagandística de los soberanistas de primera magnitud con distintas reconvenciones de organismos internacionales hacia España. Y en estos asuntos el ministro del Interior no realizó ninguna autocrítica, ni tan siquiera por el fracaso del operativo diseñado el día 1-O, ni por no haber localizado urnas y papeletas con un argumento peregrino –“los nuevos métodos de mensajería”, dijo Zoido- que no hace sino confirmar el fallo de los servicios de información. Y esa falta de previsión, dado que el Ministerio del Interior conocía también que se estaba alentando a la resistencia de las actuaciones policiales es lo que se debe sustanciar con decisiones políticas, con dimisiones. Por el daño causado tanto a la solución del conflicto catalán, como a la "marca España".
Los independentistas han sabido aprovechar muy bien las imágenes de las cargas policiales para ocultar la realidad de los hechos, y lo han vuelto a hacer en el Senado, al anteponer las ideas de democracia y el derecho a votar, frente a las de obligado cumplimiento de la legalidad que es la base de un Estado de Derecho.
