La resolución de la crisis catalana mediante el artículo 155, después de que se estuviera a punto de que el presidente de la Generalitat convocara elecciones autonómicas, debiera tener otra consecuencia positiva para el Gobierno dada la forma en la que Puigdemont pudo poner sordina a la intervención de la autonomía catalana. Además habría generado tensiones entre los partidos constitucionalistas por cuanto el PSOE ya se había manifestado en contra de esa medida, elecciones mediantes.
Es conocido que en la intermediación para tratar de convencer a Puigdemont para que no hubiera declaración unilateral de independencia, como finalmente ocurrió el pasado viernes, tuvo un papel destacado el lehendakari Íñigo Urkullu. Fue él quien se ofreció a realizar ese trabajo y estuvo a punto de conseguirlo antes de que el presidente catalán cediera a las presiones que le llegaron por parte de todos sus socios. El desenlace es el conocido, la existencia más breve de un Estado nonato cercenado en una pocas horas.
Los nacionalistas vascos, por razones evidentes y de simpatía con el procés catalán, se han opuesto a la aplicación de la herramienta constitucional utilizada por el Gobierno. Pero a lo largo de todo el “procés” Urkullu no ha querido escuchar los cantos de sirena de los independentistas vascos y de los halcones de su partido para sumarse al desafío catalán y hacer pinza sobre el Gobierno central.
Por el contrario, se ofreció a la mediación y, así, los nacionalistas vascos, una vez más, se comprometieron con la solución de un problema nacional y revalidaron su papel de socio necesario –el preferente es Ciudadanos- para sacar adelante algunas leyes y sobre todo la ley más importante del año, la de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta ahora, el PNV ha condicionado su apoyo a los PGE a la solución del problema catalán. El propio Urkullu ha manifestado su decepción por la decisión adoptada por Puigdemont cuando estaba casi hecho que se podría minimizar la intervención de una autonomía por primera vez en democracia.
Tras su actuación, a Urkullu no le queda más remedio que acabar aprobando, por segunda vez, los PGE, porque a la situación actual se ha llegado por la traición de Puigdemont a sus esfuerzos conciliadores. Apoyo por cierto que le sale bastante a cuenta –el año pasado a unos setecientos millones por cada uno de los cinco escaños del PNV en el Congreso- y que le volvería a salir rentable en la nueva negociación. Esta no llegará a buen puerto, sin embargo, antes de que se celebren las elecciones catalanas el próximo 21-D y tras analizar sus resultados. Con Cataluña “normalizada” y con PGE aprobados en el primer trimestre, se volvería a mandar un mensaje de estabilidad a la comunidad internacional y a los mercados. Sus votos, sin embargo, no serían necesarios si los diputados independentistas catalanes -9 de ERC y 8 de PDeCAT- cometieran la torpeza de abandonar el Congreso.
Al acuerdo entre el Gobierno y el PNV, sin embargo, no ayudan declaraciones como la del vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, con su “aviso a navegantes” sobre la aplicación del artículo 155 en otras comunidades autónomas, que parecen estar dedicadas al País Vasco – no se avizora otra comunidad con veleidades identitarias-, pese a su disposición a ayudar al Gobierno.
