Una vez que sea investido presidente y hayan sido designados los consejeros que se harán cargo del gobierno de Andalucía, a Juan Manuel Moreno le entrarán las prisas por demostrar que el cambio que han dictado las elecciones del pasado 2 de diciembre comienza a surgir efecto y se inicia el desmontaje del régimen socialista andaluz producto de cuarenta años de gobierno. Según el pacto alcanzado con Ciudadanos, serán medidas para airear las instituciones, limitar gastos superfluos o duplicados y, en definitiva, para desmontar lo que han denominado “el cortijo”, de Susana Díaz.
Serán por tanto medidas de orden interno, autonómico, que afecten “a la vida de la gente”, y no aquellas que puedan tener una trascendencia nacional mediante la reforma en aquellos asuntos sobre los que ya existe una legislación nacional que obliga a todos los gobiernos autonómicos, de tal forma que algunas de las propuestas realizadas por Vox y afortunadamente arrumbadas en el proceso de negociación, pero que subyacen en el acuerdo firmado con el PP, pueden correr el riesgo de que el Gobierno interponga un recurso de inconstitucionalidad que las paralice.
Esta fue la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy con respecto a muchas de las leyes aprobadas por el Parlament catalán, y en este caso desde La Moncloa se ha advertido que se estará muy vigilante sobre aquello que se apruebe en el Parlamento andaluz. Item más algunas de las medidas de carácter recentralizador que partiendo de Andalucía tuvieran la tentación de extenderlas al resto de España chocarían de frente con la actitud de los propios barones populares que ya han manifestado su inquietud con la actitud de Vox y que han sido blanqueadas por los negociadores del PP cuando admiten que forman parte de los valores y principios del partido.
En estas circunstancias, a Susana Díaz, como líder de la oposición, no le queda sino esperar a ver cuál es la capacidad del próximo Gobierno andaluz para superar las dificultades internas con las que se va a encontrar, cómo gestiona Juan Manuel Moreno su posición central –que no de centro- entre un partido como Vox que con sus doce escaños aspira a condicionarlo todo y Ciudadanos que pretenderá mantener lo máximo posible la ficción de partido incontaminado por la ultraderecha. Ya antes de la investidura han comenzado a surgir los primeros problemas porque un pacto tomado dos a dos no es lo mismo que un pacto a tres bandas, de lo que ha huido Albert Rivera, y desde Vox anuncian que solo apoyaran aquellas iniciativa que se encuentren en consonancia con lo que piensan. Todas estas escaramuzas comienzan a abrir heridas y si no se suturan bien pueden provocar una infección paralizante.
Cuando se llegue a las elecciones autonómicas y municipales -y europeas- del 26 de mayo, el nuevo Gobierno andaluz habrá cumplido ya cien días de andadura y se podrá comprobar cuales de las veinte propuestas urgentes se han llevado a término, cómo ha respondido el PP a las propuestas de regeneración de la vida pública, si las acoge con entusiasmo o si las dilata o limita, si los cargos públicos se nombran atendiendo al principio de mérito y capacidad y no al quítate tú para ponerme yo, si las medidas adoptadas comienzan a influir en un mejor funcionamiento de los servicios sociales, o si el exceso de expectativas conduce a la frustración.
