Como era previsible, una vez acabada la operación policial de desarticulación de la célula terrorista que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils con la muerte del terrorista que irrumpió con la furgoneta mortal en La Rambla y en la medida que el debate político se impone al análisis del operativo policial vuelve a aparecer la política con minúsculas, las facturas al cobro, los intentos por sacar réditos partidistas de la tragedia. La reunión del pacto antiyihadista es un ejemplo. El ensalzamiento de la eficacia de la labor de los Mossos d’Esquadra para acabar con la célula de Ripoll con la derivada de su presencia en los foros de lucha antiterrorista europea, es otro.
La presencia como “observadores” en la mesa del pacto antiyihadista de los partidos de la izquierda y nacionalistas e independentistas ha suscitado críticas por cuanto han mantenido la misma posición que hace más de dos años les llevó a no firmarlo, pese a que se ha manifestado eficaz en la lucha contra el terrorismo islámico. Pero todos los lodos en los que se embarra la política nacional proceden de algunos polvos. Y el rechazo de nacionalistas y de Unidos Podemos –y también de Ciudadanos en un primer momento que lo consideró “propagandístico y partidista”- viene de cómo se gestó el pacto, de las urgencias de Pedro Sánchez por hacer visible su liderazgo en aquella época, y de hacer de la política antiterrorista una cosa de dos -el PSOE tuvo que pagar el peaje de ver cómo se incluía la prisión permanente revisable, aunque mostró su desacuerdo-, vulnerando el principio de que la lucha antiterrorista es más eficaz cuando se sustenta en la unidad de todos los partidos. De aquel pacto han salido modificaciones legislativas sobre penas y procedimientos para perseguir la captación y adiestramiento de terroristas que han permitido prevenir y evitar atentados yihadistas, y en ese sentido era necesario como instrumento para minimizar unos riesgos ciertos.
Una forma de haber evitado el cierto ridículo que supone la presencia de partidos políticos como “observadores”, cuando tienen que ser portavoces de las inquietudes de los ciudadanos, podría haber sido mediante la convocatoria de un pleno del Congreso de los Diputados. Pero vistas las consecuencias, mejor que hayan estado sentados todos en torno a la misma mesa y se pueda ver la botella de la unidad antiterrorista medio llena. O puede ser el momento para que todos los partidos realicen un gesto de altura y se pongan a negociar entre todos un pacto como fue el de Ajuria Enea en el que todos cedan y todos ganemos. Es un desiderátum para el que tampoco ahora se dan las condiciones, en tanto el proceso soberanista en Cataluña mantenga la virulencia actual.
Aprovechando que el Ter pasa por Ripoll, donde tenía su base la célula terrorista de los atentados del jueves pasado, los dirigentes nacionalistas se han apresurado a solicitar para la policía autonómica catalana –vale lo mismo para la Ertzaintza- una mayor presencia o el trato de igual a igual con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en organismos internacionales o mesas de coordinación antiterrorista. Si la petición no llegase envuelta en la estelada sería difícil de rechazar. Pero aún no se sabe de parte de qué legalidad se van a poner los Mossos d’Esquadra el próximo 1-O.
