Es de esperar que el Gobierno haya aprendido de lo que ha ocurrido hasta el momento para abordar el conflicto que plantean los independentistas catalanes para no repetir los errores cometidos, que han facilitado a sus dirigentes y partidarios extremar un desafío que se hace cada vez más insostenible e insoportable, a pesar de no contar con la mayoría social necesaria para imponer una declaración unilateral de independencia que no cuenta con el aval ni de la mitad de la ciudadanía catalana -y española-, ni con respaldo internacional.
Cuando se maneja la posibilidad de que el Ministerio del Interior se vea en la necesidad de trasladar a Cataluña a miembros de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado o asumir el control de la policía autonómica catalana, conviene tener en cuenta lo ocurrido en el referéndum ilegal del 1-O, cuando los mossos d’esquadra encargados de impedir la apertura de los centros de votación traicionaron los compromisos que habían aceptado en las reuniones de coordinación. La consecuencia de aquello fueron unas imágenes que les valieron a los independentistas para orquestar una campaña publicitaria y la coartada de la que ha derivado todo el “procés”. Para más inri, los policías y guardias civiles fueron objeto de chanzas por su alojamiento en el barco “Piolín”, a lo que siguieron los episodios de acoso a los agentes en hoteles.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviado al conseller del ramo catalán, Miquel Buch, la advertencia de que si vuelven a suceder episodios de perturbación de la seguridad ciudadana sin intervención de la policía autonómica enviará a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La respuesta de la Generalitat ha sido que garantizarán el derecho de manifestación el 21-D, el día en que el Consejo de Ministros tendrá lugar en Barcelona, lo mismo que la seguridad de esa reunión.
Esa equidistancia, unida al respaldo de la inacción “técnica” de los mossos durante el fin de semana que ha realizado la portavoz del Govern, Elsa Artadi -que con un cinismo digno de encomio ha manifestado su “sorpresa” por la reacción del Ejecutivo-, parece anunciar que volverán a mirar para otro lado como el pasado fin de semana y el 1-O. El Ministerio del Interior debe elegir entre confiar en los mossos o garantizar los derechos de todos frente a actuaciones que se prevén violentas.
La segunda lección que ha debido aprender el Gobierno es que el Govern catalán vuelve a disimular, a hacerse el ofendido, a pedir negociación cuando ve las orejas al lobo mientras deja patente que lo único que le interesa de verdad es hablar del desiderátum de un referéndum de autodeterminación. Las cartas enviadas a la Generalitat son una primera advertencia que es preciso tomar como lo que es, un preludio para la aplicación del artículo 155 que puede ser irremediable, según lo que ocurra el próximo 21-D, si los Comités de Defensa de la República aprietan. Y esta vez, tras lo sabido, debe ser sin medias tintas.
La última lección que debe tener aprendida el Gobierno es que tiene una oposición con la que tampoco es posible dialogar sobre Cataluña. Que cuando el PP está en el Gobierno no se cansa de pedir al PSOE que haga un ejercicio patriótico y le respalde, mientras en la oposición tiene aversión a apoyar al Ejecutivo en cuestiones de Estado.
