A la espera de que se activen los planes de contingencia anunciados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras el desmantelamiento de las infraestructuras previstas para la celebración del referéndum ilegal, las últimas decisiones con respecto a los detenidos y a los encargados de la preparación, desarrollo y recuento oficial de los votos rebelan que ni el propio Govern ni el Parlament defienden con firmeza las instituciones y organismos que han levantado para que la consulta tuviera algún viso de legalidad y de eficacia.
Ante la multa de doce mil euros diarios que el Tribunal Constitucional ha impuesto a Josep Maria Jové, el secretario general de Vicepresidencia y Economía y Hacienda de la Generalidad, y a los síndicos electorales del 1-O, el Govern se ha apresurado a relevar al primero, mientras que a los segundos les ha pedido que se disuelvan, después de que, a su juicio, hayan cumplido sus funciones, y les han agradecido los servicios prestados –la "finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum"- cuando éste no ha llegado a celebrarse. Ha pedido además que sus miembros que cedan el testigo a "entes públicos, académicos e internacionales" para que "sigan observando el desarrollo efectivo" del 1-O.
No es la primera vez que las causas económicas marcan el desarrollo del "procés". Puigdemont ya se vio obligado a cesar a algún conseller cuyo amor por la independencia llegaba justo hasta el punto en que se ponía en peligro su patrimonio. La cuestación para pagar la fianza de los procesados por la celebración del 9-N no parece ir muy bien, dado que no se tiene noticias de ella, y ahora se ha tratado de preservar a los señalados por el TC para que no paguen ellos solo los platos rotos de la consulta ilegal.
Tras las acciones judiciales de la última semana, ha sido el propio Govern quien acaba de dar el golpe de gracia a la credibilidad del "procés" independentista, por si se albergaba alguna duda después de la tramitación de las leyes de desconexión, al pedir la disolución de la Sindicatura Electoral trasladando a unos difusos "observadores internacionales" la supervisión del desarrollo del referéndum. No parece que vayan a ser expertos en el control de los procesos electorales de Naciones Unidas, ni de la Unión Europea, ni tan siquiera de alguna organización dedicada a la mediación en conflictos, de tal forma que los entes públicos y los académicos a los que se refiere el Govern tienen muchas papeletas para ser considerados observadores de parte, lo que resta toda validez a su labor.
Jueces y policías, acostumbrados como están a seguir la pista del dinero en sus investigaciones para llegar a los autores de delitos, han aplicado en esta ocasión una técnica similar, lo mismo que el Gobierno, al controlar el dinero de la Generalitat o multar a quienes impulsan, el proceso independentista y los presuntos delitos de sedición.
Resulta sorprendente ver como unas multas, por cuantiosas que sean, son capaces de provocar que el Govern catalán adopte una decisiones que echan por tierra su propio trabajo, en demostración de que llegados a un punto en que hasta Oriol Junqueras reconoce que se han alterado las reglas del juego, el propio Govern pide la disolución del órgano que tiene que verificar el 1-O.
