Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”, dijo Napoleón. Bajo este axioma es evidente que Ciudadanos no quiere que el asunto del máster de Cristina Cifuentes desemboque en una petición de responsabilidades políticas por la vía de la moción de censura que los socialistas se comprometieron a presentar y que apoya Podemos.
Las razones del partido liberal para no sumarse a la propuesta, a pesar de que las relaciones entre Ciudadanos y PP en la Comunidad de Madrid están más marcadas por el enfrentamiento que por el apoyo mutuo, obedecen a un cálculo político relacionado con sus expectativas electorales futuras más que con el compromiso en la lucha contra la corrupción. Y eso que lo tienen fácil con el acuerdo de legislatura firmado con el PP en la mano, porque tiene más cerca el sorpasso con el PP en el Gobierno autonómico que con la izquierda en el poder a la que habría facilitado su acceso. Su excusa es que no participarán en la moción de censura “antes de saber la verdad”, por lo que también se apunta a que sea la Universidad Rey Juan Carlos con su investigación interna la que determine la realidad de los hechos.
La comisión de investigación, que no llegará a crearse por la oposición de Podemos y del PSOE, tendría la virtualidad de que en el caso de que la Universidad apoye todos los extremos de la defensa de su honestidad realizada por Cristina Cifuentes su carrera política no habrá sufrido un parón irreversible. Pero el PP no va a entrar en el juego de Ciudadanos dado el entusiasmo que demuestra este partido con las comisiones de investigación sean del ámbito que sean -básicamente porque resulta el principal afectado-, que resulta perfectamente descriptible.
Es decir, que en el caso del máster de Cifuentes no se avizora que la moción de censura salga adelante, ni que la comisión de investigación pueda llegar a crearse, y su futuro depende de las prisas que se den los responsables de la investigación interna de la Universidad en ofrecer los resultados de su trabajo, que a media mañana de ayer no habían comenzado su labor. O sea, que todos los partidos excepto el PP quieren que se resuelva el caso pero ninguno acepta la solución propuesta por el otro. La presidenta madrileña, por el momento está dispuesta a aplicar el principio “celiano” de que “quien resiste, gana”.
Por lo pronto la “crisis Cifuentes” ha dejado tocados a sus socios parlamentarios que demuestran una vez más la variabilidad de sus principios, y a su propio partido, cuya Convención de Sevilla que iba a suponer el relanzamiento del partido, queda mediatizada por el bombardeo de informaciones que siguen suscitando dudas sobre las explicaciones de la presidenta madrileña, y puede provocar una de esas imágenes ya repetidas en el PP del apoyo incondicional a uno de los suyos que poco después se ve abandonado por aquellos que se vieron en la obligación de aplaudir hasta que los hechos son incontrovertibles. Como afirman miembros del Gobierno, Cristina Cifuentes tiene el derecho a la presunción de inocencia y la carga de la prueba son solo informaciones periodísticas. Las mismas que en otras ocasiones han servido para destapar fraudes y corruptelas, que después han acabado en los juzgados.
