La Fiscalía General del Estado tiene retos que se arrastran desde tiempos inmemoriales y otros nuevos que derivan de las leyes aprobadas en la última legislatura de la mayoría absoluta del PP, que hay que aplicar además de la sempiterna batalla entre la autonomía que quiere mantener el titular del cargo y la evidencia de que se debe a quien le ha nombrado, aunque tiene la salvaguarda de que no puede ser destituido durante toda la legislatura. El juez José Manuel Maza, que ayer tomo posesión de su cargo, es el tercer fiscal general de la época de Mariano Rajoy.
El primero, Eduardo Torres-Dulce, dimitió por discrepancias con el Ejecutivo sobre nombramientos, por no poner paños calientes en los casos de corrupción que afectaban al PP, y por la actuación de la fiscalía en la consulta del 9-N en Cataluña, aunque acabó presentando la querella en el sentido que quería el Ejecutivo. Su sucesora, Consuelo Madrigal, tuvo una actuación muchísimo más discreta, pero otra vez Cataluña y su deseo de intervenir en la política de nombramientos han jugado en su contra para mantener el plácet del Ejecutivo.
Y ambos asuntos van a ser de los primeros que se encuentre el fiscal general sobre su mesa. En el primer caso porque están pendientes algunos tan sensibles como el de la Fiscalía Anticorrupción -que debe seguir teniendo un papel fundamental en el proceso de regeneración democrática-, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, entre otra treintena. Aunque no debe olvidarse que el ministerio fiscal se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica de tal forma que nada se mueve sin que lo sepa el jefe, pero sin separarse de los de legalidad e imparcialidad.
La capacidad de autonomía de José Manuel Maza con respecto al Ejecutivo se comprobará con su actuación en los casos pendientes de juicio en los que están incursos dirigentes del Partido Popular o en casos de una intensa repercusión mediática como las decisiones que adopten tras la sentencia por el ‘caso Noós, por ejemplo.
Toda vez que el desafío catalán puede entrar en una nueva fase en la que se dé preponderancia a la actuación política frente a la respuesta judicial, la llegada de un nuevo fiscal general es imprescindible para dar credibilidad al nuevo giro, aunque las actuaciones que están en curso son ya irreversibles y la demanda contra la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, está ya presentada, pero se puede aflojar la tensión judicial para favorecer el diálogo.
Junto a estos retos de carácter político Maza tendrá que hacer frente a otros cotidianos, los del día a día, en los que la Fiscalía General tiene un trabajo ímprobo, dada la falta de medios humanos y técnicos para ejercer su función. Y más si, en cumplimiento de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, los fiscales, se hacen cargo de la instrucción de la causas y dirigen la policía judicial, de tal forma que los jueces se dediquen solo a la función de juzgar. Un cambio que situaría al sistema penal español en línea con los de nuestro entorno, pero que cuenta con un rechazo de numerosos jueces.
Se define a José Manuel Maza como un juez de talante conservador pero con posiciones independientes sobre muchos asuntos. Habrá ocasiones de comprobar su interpretación de la legalidad, y todo ello en un momento de debilidad política del Gobierno.
