Opinión

Otro bandazo

Los bandazos del Gobierno comienzan a ser preocupantes porque transmiten la impresión de que sus acciones de gobierno están más motivadas por las reacciones que suscitan en la opinión pública y en los partidos de la oposición y otras instituciones que en un estudio profundo y serio de cada uno de los problemas a los que tiene que hacer frente en circunstancias sobrevenidas, lo que implica tener unos principios firmes y adoptar las decisiones oportunas sin apartarse de ellos.

Que la oposición compuesta por PP y Ciudadanos no iba a dar ni un minuto de tregua era de esperar; que el independentismo catalán no iba a apaciguarse tampoco, aunque tiene mucho cuidado de no hacer nada inconstitucional y se dedica a una guerra de guerrillas sin atreverse a presentar una batalla en campo abierto; y que la cuestión migratoria iba a constituir uno de los puntos calientes del verano, cuando el buen tiempo disminuye el riesgo para quienes se juegan la vida para atravesar el Estrecho, era también evidente. Pero todo ello  no justifica que el Gobierno cambie de opinión con tanta frecuencia y deje a sus propios apoyos políticos internos y externos- sorprendidos y genere un profundo malestar.

El cambio de criterio en torno a la defensa del juez Pablo LLarena ante la denuncia civil presentada por el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,y otros cuatro consellers huidos de la justicia española se ha interpretado como lo que es, el reconocimiento de un error que dejaba el campo libre a una nueva  falacia independentista menos preocupada por la inculpación del juez instructor del sumario del ‘procés’ que por desprestigiar a la judicatura española en su conjunto, y que de atender a sus argumentos ya habría situado a España fuera de la Unión Europea,  lo que da idea del tipo de maniobra política, utilizando la justicia belga que pretenden los fugados.

Ahora bien, sin menoscabar que la justicia belga también actuará de forma independiente, es de esperar que el juzgado que se ha hecho cargo de la demanda entienda que lo que está en juego es la injerencia en la justicia de otro país, y por tanto archive la causa. Otra decisión como la de la justicia alemana sería preocupante y debiera abrir un debate profundo en la Unión Europea, aunque  como ha apuntado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el caso podría acabar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

No obstante, el Gobierno vuelve a acertar cuando rectifica y si de primeras hubiera hecho caso a sus servicios jurídicos se habría ahorrado el revolcón, aparecer primero como deudor de los independentistas para luego hacerlo “a rebufo” –Pablo Casado- de  las presiones de la oposición y la judicatura. Pero un caso de la gravedad que se va a dilucidar en Bélgica no se puede despachar tampoco como ha hecho el presidente del PP al instar a la Fiscalía General del Estado para que estudie querellarse contra el juzgado belga que lleva la demanda contra el juez del Tribunal Supremo español.

La vista sobre el juez LLarena, que no asistirá, -no tiene obligación de hacerlo- se celebrará el 4 de septiembre en la víspera del primer aniversario de las leyes de desconexión que da comienzo al periodo conmemorativo preparado por los independentistas. La justicia belga tiene en su mano una carta que acentúe el victimismo independentista o que les ofrezca una victoria gratuita.  

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