Afalta de una comparecencia en el Congreso en la que explique cuál es su plan y la concreción sobre el calendario para llevar a cabo las reformas que quiere desarrollar sobre las leyes heredadas y las propuestas sobre las nuevas normas con la que quiere que se rija la ciudadanía, la entrevista del presidente del Gobierno en un diario de tirada nacional es lo más parecido al esbozo de un programa de Gobierno que no hizo cuando ganó, la moción de censura a Mariano Rajoy.
Por lo pronto ya ha llegado al Congreso el primer proyecto de ley de la era Sánchez que sigue la estela de la primera legislatura de su predecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de eutanasia, que pondría a España en el mismo nivel que otros países europeos en los que ya se aplica y dará la oportunidad de dignificar el momento de la muerte. No será una tramitación fácil porque las resistencias morales y culturales son muchas ante este tipo de iniciativas. Pero Sánchez ha decidido que su mandato, breve o largo, se recuerde por sus medidas sociales y por la resolución de algunos de los asuntos pendientes, como el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que también se producirá antes de la convocatoria de nuevas elecciones generales.
La andadura de Pedro Sánchez parte también con una buena noticia por uno de los flancos que son más destacados en su acción de gobierno, el laboral, con el pacto salarial alcanzado por la patronal y los sindicatos que puede llegar hasta el 3% y que el jefe del Ejecutivo quiere complementar con la recuperación de derechos laborales por la retirada de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y mediante un plan que acabe con la explotación laboral. El aumento salarial previsto para este año y para los siguientes y la recuperación de la negociación colectiva y el reparto de las ganancias generado por el fin de la crisis es viento de cola para el gobierno socialista, sin renunciar a la aplicación de impuestos finalistas en el sector financiero y tecnológico para sufragar las pensiones.
Y ligado a todo esto una petición de Pedro Sánchez dirigida a Europa, la implantación definitiva de una tasa sobre las transacciones financieras que sirva para allegar recursos a las arcas públicas, que se inscribe en una defensa de las posiciones más avanzadas sobre la defensa de los instrumentos de integración financiera de la Unión y en la búsqueda de acuerdos sobre la cuestión de los refugiados.
La locuacidad de Pedro Sánchez, sin embargo, se tornó en parquedad de palabras al hablar de uno de los problemas esenciales de las comunidades autónomas, la financiación, en la que estaban empeñados los barones de su propio partido. No habrá nuevo modelo en esta legislatura, sino “mejoras parciales”.
Y queda, por supuesto, su posición sobre el problema de Cataluña. Su deseo es “normalizar” las relaciones institucionales. En el medio plazo hay que abordar entre todas las fuerzas políticas una renovación del pacto constitucional”. Y más allá de ese deseo de normalizar Sánchez solo espera que “no vuelvan a la unilateralidad”. Tampoco hay decisión por el momento sobre los políticos catalanes presos. Sánchez, como el resto de fuerzas políticas, está esperando que Torra pase de las palabras a los hechos y ver quién es el primero que quiebra la confianza.
