Cada vez está más cerca el momento en el que el Gobierno deba dar el paso de decisión definitivo, presentar o no hacerlo los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y si se da esta última circunstancias tratar de gobernar con los Presupuestos aprobados por el PP y Ciudadanos prorrogados y aplicar las medidas más progresistas contenidas en el pacto firmado entre el Ejecutivo y Podemos mediante decreto ley.
Sus socios, el partido morado, sin embargo pone cada vez más traba a esa posibilidad mientras que cada vez son más insistentes las declaraciones de los representantes de los independentistas en el sentido de que no darán su apoyo a las cuentas públicas porque no se ha avanzado un ápice en la situación de los líderes presos y huidos y tantos estos partidos como Podemos acusan al Gobierno de no haber hecho los esfuerzos suficientes a pesar de que tiene las manos atadas y lo que le están demandando es que se suicide políticamente antes de que decidan los jueces.
En esta tesitura si Sánchez no presenta los PGE corre el riesgo de que tenga que trabajar con unas cuentas públicas que denostó en el momento de su aprobación y que se vea ante la disyuntiva de someterse a una cuestión de confianza, que lo más probable es que no saliera adelante, o en la definitiva de convocar elecciones anticipadas y no culminar la legislatura como es el propósito confesado de Pedro Sánchez. Si los presenta y no puede sacalos adelante por falta de apoyos se comprobará que el rey estaba desnudo y no le quedará más remedio que la convocatoria electoral.
De ahí las palabras de Pablo Iglesias avanzando que quizá la llamada a las urnas para elegir la composición de las Cortes sea más rápida de lo previsto, incluso con antelación a las municipales, autonómicas y europeas del mes de mayo. Aunque puede ser también un globo sonda lanzado por el líder de Podemos para recuperar algo de la iniciativa política que han perdido con el caso de la alcaldía de Madrid y la implosión de problemas internos.
No obstante, el Gobierno todavía no ha dicho la última palabra -sigue buscando apoyos, dice la ministra portavoz, Isabel Celáa-, y forzado a la convocatoria electoral, podrá basar su campaña electoral en señalar a los responsables de que no se hayan podido aplicar las medidas anitaustericidio previstas, que mejoran la financiación de las comunidades autónomas y devuelven derechos a los ciudadanos, o que no haya podido aplicarlas mediante decreto ley esas iniciativas por las prisas de Podemos y la decisión de los independentistas de perjudicar a todos los ciudadanos, incluidos los catalanes.
Además nada asegura que la izquierda pueda volver a gobernar tras unas elecciones generales, porque la línea que separa a ambos bloques, izquierda y derecha es muy fina y lo que más puede acercar a la estabilidad de un futuro gobierno podría ser un pacto transversal entre PSOE y Ciudadanos, -la alternativa es volver a quedar en manos de los independentistas-, con lo que se volvería a ensayar el intento de pacto entre Sánchez y Rivera, pero en esta ocasión con posibilidades de sacarlo adelante sin otros partidos.
Si Podemos abandona demasiado pronto el barco del acuerdo con el Gobierno puede acabar haciendo naufragar su proyecto de convertirse en vicepresidente efectivo y no “de facto”, como le llama ahora Pablo Casado.
