Desde que en noviembre formó gobierno y sobre todo a raíz de la rueda de prensa de final de año, Mariano Rajoy ha manifestado su intención de acabar la legislatura o al menos que esta se prolongue hasta el límite de lo posible. Para ello es fundamental la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, que, en caso de que vengan mal dadas, se podría prorrogar en 2018 y por tanto tener al menos una media legislatura.
Frente a esta voluntad explicada por el presidente del Gobierno, está la presión interna de algunos ministros y mediática para que disuelva las Cortes a partir del momento en que sea posible –el 4 de mayo- dada la tendencia al alza que demuestran las encuestas y para evitar las derrotas políticas que se pueden seguir sucediendo y de las que ya ha tenido muestras recientemente. Algunas dolorosas por las que no ha podido evitar manifestar su irritación, pero que ha acompañado con un llamamiento a la responsabilidad para que el resto de partidos acaben apoyando las cuentas públicas, mirando al PSOE, que dan idea de que su voluntad de acabar la legislatura es seria. Pero…
El diagnóstico que ha realizado el secretario general de Podemos en la pasada sesión de control al Gobierno sobre la aprobación de los PGE no está nada descaminado. Ya cuenta con el apoyo explícito de Ciudadanos y Coalición Canarias, se está trabajando el ‘quid pro quo’ con el PNV, y solo le falta el voto prestado del PSOE, a través de Nueva Canarias. Y al PSOE le interesa esa jugada. En primer lugar porque para los socialistas es deseable que se aprueben porque así se quedaría el presidente del Gobierno sin su principal coartada para disolver las Cortes, y porque su debilidad es y es posible que siga siendo manifiesta. Ocurre que el congreso del PSOE será unas semanas antes de la votación definitiva y que ya se sabrá quien se ha hecho con el liderazgo socialista. La tentación de abortar la legislatura sería más intensa si es Pedro Sánchez quien recupera las riendas del partido.
Pero los socialistas, salvo su verso suelto canario, no pueden apoyar los PGE de ninguna manera: sería la puntilla para las aspiraciones de Susana Díaz. Y el ex secretario general se mantendría en el ‘no es no’.
Si Rajoy decide convocar nuevas elecciones, las encuestas, por ahora, no le garantizan unos resultados, incluido el apoyo de Ciudadanos -decidido ya a entrar en el Gobierno-, le permitieran alcanzar la mayoría absoluta, además de que le podría pasar factura el propio hecho del adelanto electoral, y quizá la presunta corrupción del PP que se está juzgando aún.
Los terceros comicios en año y medio estarían injustificados si hay posibilidades ciertas de sacar adelante los PGE. Pero sobre todo si los independentistas catalanes adelantan su calendario para la convocatoria del referéndum de autodeterminación, que intentarían celebrar en un momento en el que las fuerzas políticas se encontrarían embarcadas en la lucha electoral, o con un gobierno en funciones si hay dificultades para la investidura de un presidente del Ejecutivo. El Estado de Derecho tiene instrumentos suficientes en cualquier circunstancia para hacer frente al desafío soberanista, pero sería darles una ventaja añadida una situación política revuelta, a pesar de que su pretensión les acabe conduciendo a la melancolía porque su intento está condenado al fracaso.
