Dos días de diálogo de sordos, de argumentos conocidos reiterados hasta la saciedad por una y otra parte, con más pruebas a favor y en contra que solo han contribuido a profundizar la brecha abierta en el Parlamento y en la sociedad catalana que han acabado con la investidura de Quim Torra como 131 presidente de la Generalitat, probablemente uno de los que tendrá un mandato más breve si se cumplen sus propios pronósticos.
Mientras el propio Torra y los partidos que le apoyan de facto o mediante la abstención hablaban de desarrollar la república catalana, de acabar con la represión del Estado sobre los independentistas, los constitucionalistas hablaban de cumplimiento de las leyes y acatamiento del Estatuto y la Constitución. Cualquier apelación al diálogo realizada tanto por el presidente catalán y los portavoces del secesionismo no tiene visos de prosperar si antes no hay acuerdo sobre el terreno de juego.
Sobre ese marco Torra ha sido meridianamente claro: la única legalidad que está dispuesto a obedecer es la derivada del 1-O y del Parlament de mayoría secesionista. Es decir la propuesta es prolongar el desafío, obviando que será respondido por el Gobierno. Sería una ingenuidad pensar que el próximo Govern va a dar un paso atrás. Pero puede que ocurra lo que ha pronosticado el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que desde la Generalitat se harán algunos “aspavientos” o se pondrán en marcha “elementos de desobediencia sin consecuencias”. Habrá que esperar sus primeras decisiones, desde la configuración de su gobierno a cuál será su primera decisión de consecuencias político-judiciales.
Con la provisionalidad de su mandato, reconocida por el propio Quim Torra, no le dará tiempo suficiente para llevar a cabo las propuestas de acción de gobierno que ha realizado durante su discurso de investidura. El resto de los portavoces ni tan siquiera prestaron excesiva atención a ellas, porque no era de eso de lo que se debatía en el Parlament, sino de la continuación del "procés" unilateral, de significar que Cataluña es tierra de diversidad frente a los que defienden que son "un solo poble". O para insistir con distintas palabras en el “España nos roba”. A Carles Puigdemont, de quien Torra actúa como vicario, esas cuestiones relacionadas con la vida de los catalanes, las propuestas de Torras, también les resultan indiferentes porque está en otra dimensión.
La insistencia de los portavoces independentistas en expresiones como cohesión social, en el compromiso de que no actuarán contra nada ni contra nadie, en “una república para todos”, suenan a forzadas e irreales porque no reconocen la fractura catalana existente, que unos ganan en votos y otros en escaños. O directamente vuelven la oración por pasiva al acusar de menosprecio hacia el catalanismo a quienes han sido ignorados por el "procés".
No se había terminado la sesión de investidura en el Parlament catalán cuando el foco sobre el expediente catalán se trasladaba al palacio de La Moncloa donde se preparaban las reuniones de Rajoy con Sánchez y Rivera para contestar a las intenciones de Torra, prueba de que, desde el primer momento el Gobierno y sus socios en el 155 tendrán preparada la respuesta a todo aquello que no sea respeto a la legalidad vigente.
