En relación con el acercamiento de dos presos de ETA a una cárcel del País Vasco para que terminen de cumplir la condena que les queda en régimen de tercer grado penitenciario, que solo les obliga a ir a dormir a prisión, lo primero que habría que preguntarse es por qué el Ministerio del Interior dirigido por Juan Ignacio Zoido concedió la progresión de grado penitenciario a la etarra Olga Sanz el pasado mes de febrero. Es previsible que en aquel momento la etarra cumpliera con todos los requisitos que impone la legislación para acceder a esa situación. Cinco meses después le fue concedido el mismo régimen a su compañero en el ‘comando Vizcaya’ Javier Moreno, con un informe también realizado en la etapa de gobierno del PP, pero ya con Grande-Marlaska al frente de Interior. Ambos formaron parte del ‘talde’ que intentó acabar con la vida Juan María Atutxa (PNV) y de Carlos Iturgaitz (PP).
Ambos, de igual modo, se encuentran desde hace tiempo desvinculados de la organización terrorista –de ahí que cumplieran condena en la cárcel asturiana de Villabona- uno de los extremos imprescindibles para la progresión de grado junto con otras condiciones como pedir perdón, estar dispuesto a colaborar con la justicia, hacer frente a las responsabilidades económicas a las que fueron condenados y haber cumplido las dos terceras partes de la condena. Si no han pedido perdón a sus potenciales víctimas, Iturgaitz y Atutxa, los responsables políticos de ambos gobiernos deberán dar explicaciones. Pero no debe olvidarse que frente a cuestiones objetivables como el pago de indemnizaciones y el periodo de cumplimiento de la condena, la valoración de actitudes morales como el perdón o el arrepentimiento son más difíciles de cuantificar a la hora de tomar una decisión sobre la libertad de un preso, aunque sea por delitos de terrorismo.
Si la concesión del tercer grado obedece a criterios legales que es preciso cumplir en un Estado de derecho, la decisión del acercamiento a cárceles vascas obedece a criterios políticos. Que los primeros acercados sean dos miembros de la banda que abandonaron su disciplina puede interpretarse bien como un pago por los servicios prestados por el PNV que voto a favor de la moción de censura de Pedro Sánchez sobre Mariano Rajoy, o bien como un mensaje a los presos de ETA para mostrarles que como en la vía Nanclares –también aceptada por el gobierno del PP- el cumplimiento de la ley aproxima los beneficios penitenciarios. Una actitud que no es nueva sino que es la que han mantenido todos los gobierno ante el ‘frente de makos’ que pedía amnistías y soluciones colectivas, que ya no apoyan ni los dirigentes de la izquierda abertzale que preconizan la salidas individuales acogiéndose a las leyes. Pero el PP es experto en sacar réditos con su oposición a la política antiterrorista de los gobiernos socialistas.
El acercamiento de los presos de ETA es una petición del nacionalismo vasco solo atendible tras la incuestionable derrota de la banda terrorista una sociedad plenamente democrática, por lo que resulta sorprendente que haya quien hable de triunfo de los terroristas frente a quienes consideran que es imprescindible cumplir las leyes y favorecer la normalización política, prevista ya en los acuerdos de Ajuria Enea. Hay asociaciones de víctimas que así lo han entendido.
