Cada año de legislatura tiene su momento culminante en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que, cuando un gobierno se encuentra en minoría parlamentaria, lleva emparejada intensas negociaciones. Por segunda vez consecutiva se comienza el año con las cuentas públicas prorrogadas y pendientes de unos acuerdos que en esta ocasión presentan más dificultades que los del año pasado porque han aparecido dos factores nuevos que complican el acuerdo.
El primero es la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana después de la proclamación de la DUI, que condiciona el apoyo de los cinco diputados del PNV. Sus reticencias a que el autogobierno en las comunidades históricas pueda ser limitado le pesa más que la memoria reciente de la abstención del PP para que el lehendakari Iñigo Urkullu pudiera aprobar las cuentas vascas, dado que al PNV también le falta un voto para que la suma con el PSE les permita alcanzar la mayoría absoluta. O el recuerdo de la renovación del Concierto y de la aprobación del Cupo -“el cuponazo”, que dicen los críticos con el sistema de financiación vasco-, con un coste político importante para el Gobierno por las suspicacias levantadas, en un momento en que las comunidades del régimen común están a la espera de la reforma del sistema de financiación.
De esta manera, hasta que no se haya designado un nuevo gobierno catalán y se pueda suspender la aplicación del mecanismo de defensa constitucional aplicado, los nacionalistas vascos no quieren saber nada del Gobierno, y la situación se complicaría aún más si hubiera que repetir las elecciones catalanas. No obstante el Gobierno tiene el convencimiento de que el PNV volverá a repetir su apoyo a poco que se aclare el panorama catalán.
El otro asunto que afecta a la aprobación de los PGE es uno de esos que de forma endémica lastiman al PP, la corrupción, que es la clave del arco de las relaciones entre Ciudadanos y el PP y del acuerdo de investidura. La imputación en la “trama Púnica” –rama murciana- de la senadora del PP, Pilar Barreiro, ha motivado que Ciudadanos ponga su dimisión como condición sine qua non para debatir sobre los Presupuestos. Con la sensibilidad que le caracteriza, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha acusado de “frivolidad” a Ciudadanos por anteponer esta cuestión al bien general de las cuentas públicas, y se ha vuelto a abrir el debate sobre el momento en el que debe dimitir un cargo público acusado de corrupción, si cuando pasa a ser investigado o cuando se le abre juicio oral. El PP que utiliza este criterio bajo demanda, según sean propios o ajenos los encausados, considera que la dimisión de Pilar Barreiro no es una cuestión relevante y, además, tras el triunfo de C’s en Cataluña no quiere darle ninguna baza más que pueda dilatar o evitar. Pero Ciudadanos considera que tiene su presa bien agarrada y que le asiste la razón moral y el compromiso político alcanzado con el PP.
Con quien no puede contar de ninguna manera el Gobierno es con el PSOE y menos aún después de lo que entienden un chantaje a las comunidades autónomas, porque el Ministerio de Hacienda, sin avisar a tiempo, les retendrá 4.000 millones de euros que ya les había apalabrado, hasta que se aprueben los PGE. Una dilación que consideran una afrenta.
