Opinión

Salvar al presidente de Murcia

En este caso conviene esperar. Por una vez la justicia va rápido y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está citado a comparecer ante el juez que instruye el ‘caso Auditorio’ el próximo día 6 de marzo, es decir dentro de doce días, ante el TSJ de la región. Un tiempo razonable para lo que se estila en los procesos relacionados con alguna de las derivadas de la presunta corrupción política.  

En sus declaraciones, el presidente murciano se ha mostrado satisfecho por la posibilidad “declarar para aclarar”. Si, tras su comparecencia, el juez levanta su imputación y deja de ser investigado se habrá evitado la injusticia que habría supuesto su dimisión, que pide tanto el socio que le mantiene en el gobierno como el resto de la oposición. Pero si se procede a su imputación formal no le quedará más remedio que abandonar el cargo, en cumplimiento del pacto con Ciudadanos y de las propias leyes murcianas. O exponerse a una moción de censura.  

Pero también es cierto que Pedro Antonio Sánchez lleva a sus espaldas docena y media de imputaciones instadas por el PSOE que luego han quedado en nada. En este ‘caso Auditorio’ que surgió cuando era alcalde de Puerto Lumbreras por el sobrecoste de este edificio, las posiciones se sitúan entre el ‘error administrativo’ y los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Este asunto vuelve a poner de manifiesto el punto débil de la petición de responsabilidades, léase dimisiones, en los casos de corrupción. Todo el mundo está de acuerdo en que el punto sin retorno es el de la apertura del juicio oral, pero la sucesión de casos de corrupción a los que se ha asistido ha promovido la necesidad de respuestas más rápidas ante la alarma social que supone la acumulación de este tipo de episodios. Y Ciudadanos, con su bandera de la lucha contra la corrupción, lo ha adelantado al momento en el que un político pasa a ser investigado. Así lo ha firmado y así lo entienden en todos los pactos de apoyo a los gobiernos del PSOE y del PP, pero los populares siempre tratan de introducir matizaciones a lo que está negro sobre blanco con su firma al pie. A partir del próximo 6 de marzo se verá si sus explicaciones al juez son suficientes o deja en posición delicada a todos los que le han defendido, comenzando por Mariano Rajoy.

Dimita o no tras pasar ante el juez, quienes sí tendrán que dar explicaciones en sede parlamentaria serán el fiscal general del Estado, en el Congreso, y el ministro de Justicia en el Senado, por la orden del primero de no acusar a Pedro Antonio Sánchez por los tratos que tuvo con los inculpados en la ‘trama Púnica’ para mejorar su reputación on line si resultaba imputado, aunque no llegó a formalizar ningún contrato. La actuación de la Fiscalía General ordenando a las fiscales anticorrupción que llevan el día a día de este caso de dejar fuera al presidente murciano, la conversación que Rafael Catalá mantuvo con Pedro Antonio Sánchez durante el último congreso del PP y las declaraciones de este antes de que se conociera la diligencia de la fiscalía adelantando su intención, no hacen sino aumentar las sospechas de que hay una instrucción política para tratar de salvar al presidente murciano. 

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