La publicación de la carta enviada por el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy a su correligionario en la presidencia de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el compromiso de adoptar “nuevas medidas” –traducido a román paladino, más recortes- ha cogido al Gobierno desprevenido. Solo así se explica que las primeras reacciones de distintos ministros del Ejecutivo fueran dispares y que solo hasta ayer, se tratara de volver la oración por pasiva y la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, encabezara la reacción para subrayar que la "obligación de cualquier gobernante riguroso es no engañar", en referencia al compromiso de Mariano Rajoy con Bruselas de cumplir el objetivo de déficit, que al tiempo que trata de salvar al Gobierno, que en lo que va de precampaña niega que se vayan a realizar más ajustes –recortes-, vendría a confirmar la voluntad de realizarlos “si se requieren”, como parece que se requerirán si se quiere salvar la multa que prevé imponer Bruselas y ante las perspectivas anunciadas de que la economía se ralentizará.
Pedir que en una campaña electoral algún candidato se atreva a sugerir dónde, cómo y cuándo se van a realizar los recortes es un suicidio según todos los expertos, pero al mismo tiempo es tomar al electorado como menor de edad a pesar de que se encuentre acostumbrado a los incumplimientos de las promesas electorales y a una rápida pérdida de memoria. O quizá por esos mismos motivos. Quien en su día prometió rebaja de impuestos y no tocar los servicios sociales realizó una reducción de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad y una subida de impuestos unos meses después de llegar al gobierno y la carta de Rajoy podría anunciar que la ciudadanía se puede enfrentar a la misma tesitura.
Desvelado lo que algunos llaman el programa oculto del PP, quizá fuera mejor y hasta quizá le resultara más rentable electoralmente, poner al país ante la tesitura del sangre, sudor y recortes y prepararle para lo que habrá de venir y tomar la iniciativa. Porque parece que todo el mundo está dispuesto a hacerle el programa electoral al PP en aquellos puntos más dolorosos. Así, mientras el expresidente del Gobierno, José María Aznar, le abronca por no ser suficientemente austero, la CEOE va a pedir al nuevo gobierno que salga de las urnas –pensando en el PP, sin duda- que vuelva a flexibilizar el despido, que sea más difícil el acceso al paro y, como no, una rebaja de las cotizaciones sociales, es decir, una vuelta de tuerca a la reforma laboral, que parece que es en lo que piensan los empresarios y Bruselas al exigir más sacrificios a los españoles, junto a la nunca olvidada rebaja de las pensiones.
Los sacrificios volverían a caer sobre las clases medias y bajas, sin que a los dirigentes de la patronal se les ocurra proponer algún tipo de sacrificio que pudiera afectarles, en una reedición de la ley del embudo, y sin garantizar que el trabajo fuera a un antídoto contra la precariedad y la pobreza, y más tras las últimas declaraciones de Juan Rosell sobre el trabajo fijo y estable como valores del siglo XIX. Al PP y a Ciudadanos puede sonarles bien la música de una nueva reforma laboral, pero chocarán de frente con los partidos de izquierda y los sindicatos.
