Opinión

Sentencias y comisiones

La coincidencia en el tiempo de la sentencia por las tarjetas opacas de Cajamadrid/Bankia, con la aprobación de una comisión parlamentaria para investigar la crisis bancaria desde el año 2000, y las últimas informaciones sobre las malas prácticas bancarias para colocar sus productos, además de los emolumentos y pensiones que reciben los ejecutivos de los bancos por realizar su labor o cuando dejan de hacerla -bien o mal, da lo mismo-, vuelven a poner el foco sobre un sector en el que hay que buscar el origen de la crisis económica y del que ya advirtió en su día Felipe González, que sin llegar a haber superado la crisis que se inició en 2007 ya habían comenzado a fraguar la siguiente. Si a ello se suman los vientos desreguladores que llegan de Estados Unidos desde que Donald Trump alcanzó la presidencia del país y lo bien acogidas que son estas medidas en el índice Dow Jones, que no para de batir récords, el vaticinio del expresidente del Gobierno puede hacerse realidad.

La sentencia del caso Bankia que condena a seis años de cárcel a Miguel Blesa y a cuatro años y seis meses a Rodrigo Rato, y al resto de procesados a penas que van desde los tres meses a los tres años -no ha sido absuelto ninguno- pone nombre a un desfalco organizado que, sin ser la causa del agujero de Bankia, sí pone de manifiesto el desprecio de sus gestores hacia los fondos ajenos que tenían que administrar junto a su ambición desmedida. Miembros de un consejo de administración trufado de nombramientos políticos, cierto, pero al frente de los cuales se encontraban expertos economistas, tanto como para haber dirigido el FMI o haber ocupado altos cargos en el Gobierno de la nación.

Los consejeros de Bankia se llevaban el dinero a sus casas por medio de las tarjetas black. Otros, en otras cajas también intervenidas, lo han hecho mediante jugosas indemnizaciones o pensiones que son un escándalo, sobre todo cuando sus cuantías aparecen al lado de los informes de Bruselas que advierten sobre la existencia de trabajadores pobres en nuestro país, y sobre el incremento de la desigualdad, dejando en medio a todos los afectados por despidos y recortes.

La comisión de investigación que se pondrá en marcha en el Congreso dentro de dos meses no tiene por qué interferir con el proceso judicial abierto por la salida a Bolsa de Bankia, y dado que su ámbito de estudio es mucho más amplio, permitirá conocer la causa y los responsables del rescate bancario si no se convierte en un guirigay de todos contra todos que deje sin elaborar un relato cerrado de lo ocurrido, sin olvidar las malas prácticas bancarias que están en el origen de la crisis y el papel que desarrollaron los organismos de regulación y supervisión.

Unas malas prácticas que, al olor de la recuperación económica, vuelven a florecer ya sea mediante la alegría a la hora de conceder hipotecas, bien cuando se trata de vender productos financieros a personas que no tiene la suficiente formación o no reciben la información suficiente, como acaba de poner de revelar un informe de la CNMV sobre la venta de productos bancarios.   
Los responsables de los desmanes en las cajas de ahorro ya han comenzado a ser procesados y condenados,  pero el daño que han causado costará mucho repararlo.        

Te puede interesar