De los casi cuatro meses que Pedro Sánchez lleva al frente del Gobierno de España, este mes de septiembre no puede sino calificarse como un mes negro para sus intereses y para su acción de Gobierno, porque todas las polémicas suscitadas en torno a másteres, conversaciones privadas, chantajes, y noticias sobre la situación fiscal de sus ministros son capaces de opacar otro tipo de debates y decisiones de calado social, como la polémica sobre la imposibilidad de destinar a los presupuestos seis mi millones más -con acusaciones mutuas de filibusterismo parlamentario entre Gobierno y oposición- para gasto social, o el acuerdo en el Pacto de Toledo para referenciar las pensiones al IPC.
Carmen Montón, Dolores Delgado y Pedro Duque, además del propio Pedro Sánchez, han estado o están en el ojo del huracán. La primera dimitió por las presuntas irregularidades en la consecución de un máster, no sin antes conseguir la devolución del derecho a la sanidad universal. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, está siendo presionada por la grabación realizada por el excomisario Villarrejo, de unas conversaciones privadas que no dejan en muy buen lugar ni a la propia fiscal ni a sus compañeros en la judicatura, pero de la que no se desprenden ilícitos penales. Y Pedro Duque, ministro de Ciencia y uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez, tiene que hacer frente a las noticias acerca de una sociedad patrimonial a nombre de la cual estarían sus dos lujosas viviendas, una en Madrid y “la casa del pueblo” de Jávea, un instrumento que utilizó aconsejado por sus asesores. Investigaciones posteriores a raíz de lo manifestado por el propio ministro comprobarán si “no hay caso” como subraya el propio ministro y mantiene La Moncloa o si se ha producido elusión fiscal.
En ese caso la permanencia en el Gobierno se vería comprometida. Lo importante es que Pedro Duque, en las explicaciones que ha dado no haya faltado a la verdad. Según los expertos la utilización de la figura de la sociedad patrimonial, si no se han derivado hacia ella retribuciones personales, es legal, y ha asegurado estar al corriente de todas las obligaciones fiscales. Por tanto no tendría ningún problema y el caso sería distinto al de Maxim Huerta, el efímero ministro de Cultura. Pero, ay, si no ha dicho toda la verdad.
El septiembre negro que ha vivido el Gobierno de Pedro Sánchez deriva del propio nivel de exigencia ética -y a veces estética- que ha situado con sus declaraciones cuando era líder de la oposición. Para Pablo Iglesias la dimisión de dos ministros por esta causa no es un síntoma de debilidad del Ejecutivo sino de fortaleza y de seriedad. Ahora bien también es cierto que con el nivel de detalle que se está escrutando a todos los ministros de Pedro Sánchez se ha alcanzado un punto de no retorno. Por ese motivo parecen chuscas las críticas vertidas por el exportavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, sobre la imposibilidad del Gobierno de superar el listón tan alto que ha colocado. Lo dice quien siendo dirigente de este partido ha amparado y se ha resistido a la dimisión de quienes, se han aprovechado de sus cargos políticos que han aprovechado para disponer del dinero puesto a su disposición.
