Los fondos públicos para cursos de formación de parados se han convertido en los últimos tiempos en el objeto preferente de las investigaciones por corrupción. Durante muchos años ha sido un mundo opaco y que de una u otra forma sirvió para la financiación de los entramados organizativos de los agentes sociales y económicos, y coto de caza de empresarios espabilados, motivo por el cual es muy probable que sigan saliendo a la luz casos de mal uso del dinero público, como ha ocurrido en Madrid donde hay un exdirigente de la patronal madrileña en prisión y procesado, y con el reciente caso que se ha conocido en Andalucía y que se encuentra en fase de investigación por la Unidad de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
La cuantía de este último fraude se desconoce con certeza y se barajan cifras que parecen desorbitadas, aunque habrá que esperar a que la investigación pase de ‘filtrada’ a oficial para conocer el verdadero alcance del presunto fraude y las provincias andaluzas en las que ha podido producirse, si trasciende el ámbito malagueño en el que inicialmente se ha centrado, y los posibles imputados. Las investigaciones preliminares no apuntan, según la fiscalía malagueña, ni a las centrales sindicales ni a la patronal.
Las reacciones políticas que han seguido a la ‘filtración’ de las investigaciones policiales han sido las habituales. El PP andaluz, a través de su nuevo líder, José Manuel Moreno, ha pedido la comparecencia inmediata de la presidenta andaluza, Susana Díaz, en el Parlamento andaluz para que explique cuál puede ser la implicación del gobierno regional en este nuevo caso de corrupción, mientas que desde la Junta de Andalucía se ha acusado al Ministerio del Interior de abrir una "causa general" contra Andalucía.
Sea como fuere, Susana Díaz, que llegó a la presidencia andaluza con un discurso de “tolerancia cero” con la corrupción, no puede dejar pasar esta oportunidad y debe dar las explicaciones correspondientes en cuanto que este asunto baje de la nebulosa en la que se encuentra a las implicaciones judiciales, dado que ya va a estar instalado en el debate político como otros casos de corrupción político-económica con los que parece que hubiera intención de solaparlo, como si los ciudadanos pensaran que una mancha de mora con otra verde se quita, no supieran discernir causas y consecuencias de unos procesos y otros, o que se crean las casualidades cuando estas operaciones surgen en el entorno de una campaña electoral.
Es, por tanto, a la presidenta andaluza a quien corresponde dar cumplimiento a su compromiso de gobierno, una vez que se tenga conocimiento cierto de las acusaciones que derivan de la investigación policial, que se corresponde con unos años en los que ella no estaba al frente de la Junta, para garantizar que esa vía del fraude relacionada con la formación de los parados ha quedado cegada porque se ha taponado el agujero por el que se ha podido colar las empresas que se dedican a la formación y que son las investigadas en el caso malagueño, por la ausencia de seguimiento de sus actividades, aunque esa puede ser solamente la punta del iceberg.
Susana Díaz demostró reflejos en la resolución del conflicto de los realojados de la “Corrala Utopía” y no ha salido malparada. Ahora debe volver a demostrar que tiene otra forma de hacer política y que mantiene su compromiso de lucha contra la corrupción aunque se deje pelos en la gatera.
