En Cataluña, todos los actores de la crisis que motiva que no se pueda nombrar un presidente de la Generalitat que pueda ejercer de forma efectiva sus funciones, se emplazan unos a otros para ver quien encuentra la forma de desatascar el impasse en el que se encuentra el autogobierno, intervenido por la acción del artículo 155 de la Constitución, y se demandan unos a otros para que muevan ficha, hasta que caigan en la cuenta de que la investidura de Carles Puigdemont es imposible si se quiere ajustada a la legalidad y a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Cuestión distinta es que lo quieran hacer por las bravas con las consecuencias que se derivarían de ello.
El Gobierno, ayer mismo, volvió a emplazar a la Mesa del Parlament para que abra una ronda de conversaciones con todos los partidos representados en la Cámara y que propongan un candidato alternativo a Carles Puigdemont, que en su condición de prófugo de la justicia y en ausencia, no puede ser investido presidente de la Generalitat.
En este punto todas las miradas se vuelven hacia JxCAT que insiste en que el único candidato posible es Carles Puigdemont y tanto el presidente del Parlament, como los dirigentes de ERC les requieren para que digan de qué forma pretende hacerlo sin que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se vea en la tesitura de desobedecer al TC. Los exconvergentes guardan silencio a la búsqueda de un golpe de efecto que, a fuerza de su repetición, ya no causará sorpresa y tan solo contribuirá a que se active la maquinaria judicial. Ante la que se le puede venir encima Torrent también ha pedido a los partidos independentistas que, sottovoce, den curso a la búsqueda de otro candidato. Y quienes están concernidos el próximo día 6 son los letrados de la cámara catalana que deben desvelar si después del aplazamiento de la sesión de investidura del pasado día 30 han comenzado a correr los plazos que pueden conducir a la convocatoria de nuevas elecciones. Y por supuesto el resto de los partidos constitucionalistas emplazan a los independentistas a que se avengan a razones, reconozcan en público lo que confiesan en privado y se comprometan a dejar a Puigdemont en su Waterloo particular.
También en este ámbito se producen emplazamientos cruzados. El más urgente es el del PP a Inés Arrimadas, para que “deje de hacer la estatua” y presente su candidatura, lo que permitiría que el reloj de la legislatura comenzar a marcar. Sería la suya una candidatura instrumental dado que no cuenta con ninguna posibilidad de salir adelante, ni numérica ni políticamente porque “los comunes” no le prestarían su apoyo en ningún caso. Pero no hay ningún riesgo porque no lo va a hacer: ni está dispuesta a quemarse en el intento del fracaso cantado, ni a seguir el juego a los populares.
También “los comunes”, que con su magro resultado perdieron la posibilidad de ser la bisagra que inclinara el gobierno de la Generalitat hacia un lado o hacia otro, emplazan a los dirigentes del PSC para que, ante la división en el mundo independentista, se buscara un candidato alternativo a Puigdemont en el ámbito de la izquierda, desplazando así el eje del debate identitario a los problemas sociales de los catalanes. Pero no se puede pedir a los socialistas que se suiciden políticamente apoyando a un presidente “indepe”.
