La iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer ante el Pleno del Congreso con carácter previo y no posterior a un Consejo Europeo es una buena iniciativa que no ha tenido las consecuencia que debiera. Quizá por la novedad del empeño y por la complejidad del problema que va a centrar la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de Los 28, porque no se atisban soluciones comunes para el problema de las migraciones económicas y de refugiados, aunque el Gobierno ya ha dado algunas muestras de por donde quiere que vaya la política al respecto tras sus reuniones con Emmanuel Macron y Angela Merkel.
Por ese motivo, la mayor parte de los portavoces parlamentarios se han limitado a repetir una serie de vaguedades sobre cómo afrontar el problema migratorio, realizar admoniciones y advertencias y por tanto la comparecencia no ha servido para que el presidente del Gobierno acuda a Bruselas con una posición avalada de forma mayoritaria por el Congreso.
Bien al contrario, han preferido centrar sus intervenciones en los dos asuntos que se han convertido en el centro del debate político en los últimos días, el din de la política de dispersión con los presos de ETA y la política de "normalización" que el Gobierno quiere aplicar en Cataluña, asuntos que según los portavoces del PP y de Ciudadanos responden al pago de las contrapartidas por el apoyo recibido para que triunfara su moción de censura.
No parece que estos dos asuntos se deban exclusivamente a esa interpretación, porque el presidente del Gobierno se ha comprometido a contar con las víctimas del terrorismo -ser “empático” con ellas-, además de que se harán cumpliendo estrictamente el reglamento penitenciario y con cuentagotas y por tanto no será una reagrupación masiva como la que realizó José María Aznar.
Y en cuanto al expediente catalán, la diatriba con el portavoz de ERC, Joan Tardá, que se quejaba de que el martes el PSOE reiterara que los independentistas deben renunciar a la vía unilateral, y a su pretensión de una relación bilateral de Estado a Estado como pretendía con su iniciativa parlamentaria que los socialistas circunscribieron a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de encaje estatutario para abordar las 45+1 demandas catalanas realizadas por Puigdemont, y parece evidente que será en ese marco en el que se inscriba la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra el próximo día 9.
Ahora bien, los independentistas, por boca de la portavoz del Govern, Elsa Artadi, no hacen sino tensar la cuerda al acusar al Gobierno de haber anteponer "la integridad territorial a la libertad y la democracia", una argumentación peregrina que vuelta por pasiva debe hacer mucha gracia, por ejemplo, a los partidarios de Tabarnia. Una declaración más, no obstante. Lo que puede comenzar a generar actividad judicial es la pretensión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aceptar a trámite una moción de la CUP que pide ratificar la resolución que antepone la soberanía catalana al cumplimiento de las resoluciones del TC, que suspendió el texto, y que será recurrida por los partidos constitucionalistas con lo que se volvería a la senda judicial para resolver los contenciosos y sería la primera piedra en el camino en la que tropezarían las relaciones que se quieren normalizar.
