El Gobierno aprobará el próximo viernes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado sin tener garantizado que puedan salir adelante porque para ello necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes que demandan un "gesto" del Ejecutivo sobre la acusación de los presos en el juicio del "proces" que está previsto que comience este mes, o sobre el derecho de autodeterminación.
Ni una cosa ni otra. El presidente del Gobierno, en una entrevista con la Agencia EFE ,ha devuelto el balón al territorio de juego catalán al afirmar que cualquier solución a la crisis catalana debe proceder de la propia Cataluña con la mayoría suficiente que permita tramitar reformas o plantear un nuevo Estatuto de autonomía, mientras que en el proceso judicial las cartas están encima de la mesa, y aunque a lo largo del juicio podrían variarse las peticiones de las acusaciones que dependen del Gobierno, la Abogacía del Estado ya rebajó la rebelión a sedición pero la fiscalía se mantiene en sus trece. Lo que no pueden pretender los líderes políticos catalanes de ERC y PDeCAT es hacer como que no ha pasado nada.
Pedro Sánchez, sin embargo, trata de desligar la negociación de las cuentas públicas con la solución de la crisis catalana, una contingente y otra para la que es preciso poner las luces largas, mientras que los independentistas, sin sentido del ritmo político, o urgidos por las prisas, relacionan ambas cuestiones y tratan de tensar la cuerda e instaurar una suerte de diálogo bilateral más allá del existente. Por lo pronto, las reacciones de los líderes de los partidos independentistas se mueven entre pedir árnica, en forma de más tiempo, o amenazas de distinta intensidad según el momento, con las que tratan de esconder su división mientras permiten que se inicie la tramitación de los PGE aunque finalmente votarán en contra, y más si coincide con el periodo álgido del juicio del “procés”. Por dignidad, dicen. Pero en sus reflexiones siempre hay un lugar para reconocer que el lenguaje de Sánchez es distinto al de Rajoy o que si truncan el deseo del Gobierno de agotar la legislatura y fuerzan unas elecciones anticipadas pueden facilitar un gobierno de derechas que abocaría a un 155 “perpetuo”.
Con el paso del próximo viernes todas las partes asumen riesgos, los independentistas, porque no van a tener más contribución que las que procedan del aumento de las inversiones y se puede evidenciar aún más su división; los socialistas, porque serán presa fácil de las críticas por ligar su continuidad en el Gobierno a los “indepes”, y PP y Ciudadanos, porque les resultará difícil justificar su oposición a unos PGE que revierten los recortes de la etapa de Mariano Rajoy.
Que el jefe del Ejecutivo manifieste que en la búsqueda de apoyos a los PGE no solo va a mirar a los independentistas sino que tenderá la mano al PP y a Ciudadanos en un gesto sin ningún tipo de trascendencia: primero, porque Pablo Casado ya ha dicho que para apoyar tendría que el Gobierno debería “rectificar” para aceptar sus propuestas macroeconómicas; y en segundo lugar, porque se daría la insólita situación de que el principal partido de la oposición validara vía cuentas públicas las políticas de su adversario. Cada parte dice lo que debe pero saben ambas que no hay posibilidad de entendimiento.
