Opinión

Seguridad y control

La polémica entre libertad y seguridad continúa. Ahora en Francia, el país vecino, acaba de estallar un nuevo debate acerca de esta cuestión con motivo de la presentación del proyecto de ley sobre servicios de información.

Efectivamente, si el proyecto sale adelante, los servicios secretos de Francia podrán disponer de una amplia cobertura legal y de más medios técnicos para interceptar comunicaciones que sean sospechosas. En concreto, tales iniciativas estarán sometidas a control político y administrativo pero no judicial. Las redes sociales, los operadores, los motores de búsqueda en internet o las empresas que alojan bases de datos estarán obligadas a comunicar a los servicios de inteligencia galos las actividades de usuarios sospechosos de realizar acciones terroristas o de espionaje. Para ello, el proyecto establece que deberán disponer de cajas negras para captar automáticamente esas iniciativas facilitando los medios técnicos para desencriptar textos o mensaje cifrados.

El proyecto permite, por ejemplo, que sin orden judicial los servicios secretos puedan colocar micrófonos done tengan a bien, entrar en domicilios en situaciones excepcionales, acceder inmediatamente a ordenadores o, por ejemplo, colocar artefactos de seguimiento en los vehículos. Tampoco precisarán autorización judicial los sistemas Imsi Catcher que, situados en determinado lugar, pueden registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de sospechosos y de personas que se encuentren en lugares cercanos.

Estas acciones de los servicios secretos franceses ahora solo precisarán la autorización del primer ministro tras oír a la comisión nacional de Control de Técnicas de Información, organismo público integrado por cuatro parlamentarios, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto en telecomunicaciones.

El gobierno francés justifica estas medidas en la eficacia de la lucha contra el terrorismo y en la necesidad de combatir el espionaje industrial. Sorprendentemente, no hay oposición política al proyecto y, salvo algunas voces de determinadas ONG que califican el proyecto de liberticida y las manifestaciones de algunas empresas de alojamiento de bases de datos que amenazan con trasladar sus sedes fuera de Francia, todo parece indicar que el proyecto se aprobará sin mayores problemas.

Sin embargo, la gran pregunta que sobrevuela sobre esta cuestión es si se llevará un registro de las autorizaciones del primer ministro, si se motivarán o no sus decisiones y, sobre todo, si los miembros de la comisión consultiva serán nombrados discrecionalmente por el gobierno o por las órganos de representación del Parlamento, del Consejo de Estado o de la Magistratura.

En fin, como en el caso español, ¿qué problema habría en que tales decisiones pudieran ser controladas a posteriori por un colegio de jueces independiente?. Si la policía o los servicios secretos saben que cualquier decisión que adopten siempre será objeto de conocimiento, al menos a posteriori, por un poder independiente, es probable que tales decisiones sean las que corresponden a un Estado de Derecho. ¿ O no?.

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