El crecimiento de la economía española en 2014 respecto a un año antes llegó al 1,4%. En siete años de crisis, es el mejor dato y el mayor avance del Producto Interior Bruto (PIB). Se observan señales alentadoras en consumo y comercio exterior pero, según el economista José Carlos Díez, no pueden perderse de vista los datos negativos en el gasto en inversión de las empresas, cuyas expectativas no parecen ser positivas. Y ahí está el problema, en la economía productiva. Porque más allá de artificios financieros, devaluaciones y medidas similares, que pueden ser complementarias, la solución al paro y a los insuficientes ingresos públicos es producir más y mejor. “Insistir en los recortes es un error, hay que crecer y crear empleo”, suele indicar al respecto el catedrático de Económicas de la UDC Fernando González Laxe.
Tan importante como la austeridad fiscal, que resulta obligada, es aplicar incentivos al crecimiento del PIB para recuperar la senda de un crecimiento capaz de generar empleo neto. Frente a la desigualdad, el objetivo político debería ser que ese crecimiento sea equilibrado y proporcional al esfuerzo de todos en este duro proceso. Lo que no cabe es que encima los más débiles contribuyan a que salgan de la crisis los más poderosos, algo que viene sucediendo en España con el trasvase de rentas del trabajo en beneficio de las rentas de capital.
Si de algo puede aprenderse es de la historia. La crisis económica mundial de 2008 tuvo una mayor incidencia en España que en los otros países grandes de la Unión Europea, lo cual se tradujo en una fuerte contracción de la economía y en un aumento histórico del desempleo. En España, las causas de este cambio de tendencia no pueden atribuirse exclusivamente al impacto internacional de la crisis financiera iniciada en EE UU, sino también a las propias debilidades del patrón de crecimiento, ligado en exceso a la construcción. De hecho, la vivienda se había convertido en un motor importante de la economía, entre otras cosas gracias a la liberalización del suelo, lo cual ayudó a crear un gran número de empleos tanto directos como indirectos. Ese modelo quebró pero no surgió todavía una alternativa consistente.
Por muchos ajustes internos que se hagan -reestructuración financiera, reforma laboral y ajuste del gasto público-, será difícil que España pueda salir a flote sin una reforma fiscal más ambiciosa que la de Montoro y sin una nueva política europea, hoy en manos de Alemania, aunque en vías de cambio por la presión de Francia. En España, la alternativa a nuevas subidas de impuestos sería perseguir el fraude y la evasión de capitales, ya que si se evitasen ambos fenómenos la recaudación fiscal prácticamente se duplicaría, pero los resultados siguen siendo modestos, por no decir irrelevantes.
La realidad es tozuda. Las grandes líneas de actuación del Gobierno de Rajoy contra la crisis comprenden la llamada consolidación fiscal -léase ajuste presupuestario-, facilitar el crédito mediante la costosa recapitalización bancaria, elevar la competitividad con la reforma laboral en la mano, luchar contra el desempleo con más crecimiento, y modernizar las Administraciones públicas, lo que incluye una reforma municipal todavía pendiente y diversas armonizaciones autonómicas. Traducido: una mayor recaudación y salarios más bajos con mucho desempleo, al menos durante un tiempo.
