Opinión

Efecto boomerang en la justicia

La noticia es bien conocida: una jueza española ordenó secuestrar "Fariña", el libro sobre narcotráfico del escritor y periodista Nacho Carretero. Lo hizo tras la denuncia de un controvertido exalcalde gallego. Poco importó que la editorial acabase de distribuir 10.000 ejemplares más unos días antes. La decisión judicial -una medida cautelar- es grave para la libertad de expresión y, además, puede tener un efecto boomerang.

Es verdad que en la legislación española cabe pedir la adopción de medidas cautelares en un procedimiento como el que instruye la jueza de Collado Villalba, a instancia del exalcalde de O Grove Bea Gondar. Pero como su propio nombre indica, con dicha medida judicial de lo que se trata es de evitar un perjuicio irreparable para el demandante, mientras se tramita y resuelve el procedimiento, en este caso dirigido a la protección del honor y la propia imagen.

Por tanto, el juez, de manera cautelar y preventivamente, puede adoptar una medida anticipada en defensa del demandante, si se dan las circunstancias, que naturalmente hay que probar, de, por un lado, la existencia de un peligro a evitar, y, por otro, de que exista cierta apariencia de buen derecho; es decir, que pueda estar bien fundada la reclamación.

Se supone que en este caso la jueza lo que intenta evitar con el secuestro del libro es que se siga difundiendo y leyendo. Pero lo que ha conseguido es precisamente todo lo contrario: que el libro se difunda mucho más por medio de las redes sociales, debido al efecto de la publicidad que irremediablemente ha arrastrado esta decisión judicial, y que Amazon dispare las ventas de Fariña.

La lectura que hace de esta situación Alfonso Villagómez, magistrado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es tan evocadora como demoledora: "Estamos ante el efecto boomerang de una medida cautelar o, como diría mi padre, ante una resolución judicial que hace lo que jamás debe hacer una decisión de esta naturaleza: poner puertas al campo".

Curiosamente, España es el país cuyo presidente apela en mayor medida al sentido común, lo cual -visto lo visto- parece justificado, ya que es evidente que España se ha convertido en un país con muy poco sentido común. Incluso en la justicia, donde sus principales protagonistas -los jueces- se supone que deben aplicar las leyes con sentido común. ¿O no? 

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