La calle es mía. Soy un ciudadano español y copropietario de una parte de España, un país que vive tiempos turbulentos.
La calle es de los ciudadanos, que tienen derecho a manifestarse a favor de sus demandas tras comunicarle a la autoridad cuándo y dónde. Nada más.
Pero no puedo aceptar que haya manifestantes embozados y con piedras en sus mochilas que usen esa concesión ciudadana para violentar, herir o dañar a personas o bienes de todos nosotros.
Perseguirlos y condenarlos no es franquismo ni impedir el derecho de manifestación.
Quien representa a la democracia es el Parlamento. El español, con sus defectos, no es menos honrado ni eficaz que el de las otras democracias europeas. Pero los españoles, los primeros autocríticos del continente, lo degradamos.
Trataron de asaltarlo varias veces y no fue solamente Tejero el 23 F, sino masas de supuestos indignados que podían haber repetido el incendio del Reichstag de 1933.
Se enfrentaron violentamente a la policía e hirieron a numerosos agentes, pero algunos jueces absolvieron a los neogolpistas porque la ley lo permitía.
Jueces que en ocasiones retrasan la detención de islamistas porque no autorizan a pinchar sus teléfonos.
Otrosí: Las fronteras son mías. Garantizan los derechos sociales de todos los que estamos en su interior, y asaltarlas es usurpar nuestros derechos, los de quienes pagamos por ellos. Las fronteras deben protegerse según legisle el Parlamento.
La Ley de Seguridad Ciudadana no prohíbe nada. Sólo garantiza algunos derechos y deberes ciudadanos. Era mucho más dura la de la “patada en la puerta” socialista, similar a la de democracias como Francia o Bélgica, pero la mutilaron por falso progresismo.
Pido que esta nueva ley se aplique para tranquilidad de todos. Es democrática, justa y sumamente garantista.
