Alguien realmente influyente, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, escribió esta semana la declaración más inconstitucional y menos racional posible.
Aparece su cuenta de Twitter @M_Presidencia: “Proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, como en cualquier otro tipo de delito. Las víctimas deben contar con la solidaridad del Estado”.
Paradójicamente profesora de Derecho Constitucional, Calvo elimina el milenario derecho a la presunción de inocencia al sentenciar que frente a un hombre la mujer “tiene que ser creída sí o sí”; aunque sea una malvada o una mentirosa compulsiva.
Insiste además en que la mujer está discriminada en la Constitución, cuando es cierto solamente en el artículo 57 sobre los herederos de la Corona, que en igualdad de circunstancias prefiere el varón a la mujer; desigualdad que los constitucionalistas se proponen enmendar.
Mucho antes, ya en el artículo 14, proclama que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
No puede haber discriminación por sexo, pero en esa obsesión feminista de discriminar positivamente a la mujer el Gobierno Sánchez aprovecha la posible reforma del artículo 49 sobre la protección de los “disminuidos” y “minusválidos” --términos que se quiere sustituir por “personas con discapacidad”—para demandar una protección particular para “mujeres y niñas” con discapacidad, como si los hombres y niños no merecieran iguales atenciones.
Esto no es feminismo, es supremacismo anticonstitucional para segregar a favor de las mujeres desde la misma Constitución, segregación negativa para los hombres, y base para mayores asaltos legislativos a la no discriminación proclamada en el artículo 14.
