Pedro Sánchez volvió a desconcertar tras negarse a testificar en el Senado sobre su dudosa tesis doctoral al nombrar a Irene Lozano, periodista y política tránsfuga UPyD/PSOE, como comisaria de la actual Marca España, organismo creado en 2012 para prestigiar la imagen del país en el mundo.
Marca España fue impulsada casi sin fondos por el exministro de Exteriores de Rajoy, García Margallo. Pretendía que participaran en su promoción grandes organizaciones y empresas españolas, privadas y públicas, con respaldo del rey Juan Carlos. Porque el papel de la Casa Real en las relaciones diplomáticas y comerciales es fundamental: hay países como Arabia Saudita que la exigen como interlocutora para concluir la mayor obra pública española en el exterior, el AVE del desierto.
El Alto Comisionado para la Marca España depende de los ministerios de Presidencia y de Exteriores, y estaba dirigido hasta ahora por Carlos Espinosa de los Monteros, empresario y antiguo alto funcionario del Estado. Relacionado con personalidades del mundo entero, exdirectivo de empresas como Mercedes Benz, aceptó por honor personal carecer de presupuesto y de sueldo. Por tanto, no tenía fondos comparables a los que la Generalidad de Cataluña destinaba a desacreditar España ante el mundo, frecuentemente comprando a periodistas y a políticos retirados. Pero Espinosa logró avances poco conocidos, como su contribución a que empresas e inversores extranjeros no se asustaran ante la revuelta separatista catalana. Por eso el valor de Marca España como marca comercial es de 1.400 millones de euros.
Sánchez lo devalúa al sustituir ese nombre por uno nuevo desconocido, España Global, y lo establece como Secretaría de Estado: más burocracia.
Le otorga la dirección a Lozano, periodista amiga sin experiencia internacional, comercial ni diplomática, con un sueldo de 70.000 euros. Kakistocracia: gobierno de los peores.
